Los Gobiernos de Ayuso, Mazón, Moreno y López Miras se unen contra el «ataque político» al Tajo-Segura

Los Gobiernos de Ayuso, Mazón, Moreno y López Miras o, lo que es lo mismo, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Región de Murcia han mostrado este lunes en Murcia su firme oposición ante la inminente aprobación de las nuevas reglas del Trasvase Tajo-Segura, al que consideran un nuevo «ataque político» a una infraestructura que ya ha sufrido 26 recortes desde que el socialista Pedro Sánchez preside el Gobierno de España.

Reclaman, según ha expresado el consejero valenciano de Agua Miguel Barrachina, que esas reglas de explotación sean «acordadas y pactadas» y advierten que mientras se «hurta» 100 hectómetros cúbicos a un trasvase que ha sufrido 26 recortes desde que el socialista Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, se envían 3.000 hectómetros cúbicos «por encima de lo pactado» a Portugal, «que nadie aprovecha».

Las cuatro comunidades y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura han rubricado, además, una carta dirigida a la ministra Teresa Ribera en la que piden frenar de una vez los recortes y revisar los caudales ecológicos del Tajo.

El acto ha contado con la presencia y participación de Fernando López Miras, presidente del Gobierno murciano; la consejera de Agua, Agricultura, ganadería y Pesca de esa misma región Sara Rubira; el consejero de Medio Ambiente, Agua e Interior de la Comunidad de Madrid Carlos Novillo; el secretario general de Agua de la Junta de Andalucía Ramón Angulo; el consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana Miguel Barrachina y el presidente del Sindicato Cetral de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) Lucas Jiménez.

Y, de facto, ha permitido visualizar que las cuatro comunidades autónomas actuarán como una sola en defensa de una infraestructura esencial para todos los territorios firmantes de la carta a Teresa Ribera.

En la Comunidad de Madrid, por los daños «irreparables» que el Gobierno de Sánchez está causando a ese territorio. Y en Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana porque la alternativa al trasvase «es el desierto para miles de agricultores, miles de hectáreas de huerta y miles de árboles» que, según ha advertido el consejero valenciano Miguel Barrachina «se talarán si no llega agua».

En el caso de la Comunidad Valenciana, a los agravios expuestos se suman dos más. Uno, el del aporte de agua de 20 hectómetros cúbicos a la Albufera de Valencia al que se comprometió el Gobierno y nunca cumplió. El otro, verbalizado también este lunes por Miguel Barrachina, la no reparación de la balsa de San Diego, que impide almacenar los 80 hectómetros cúbicos de otro trasvase: el Júcar-Vinalopó.