El Gobierno pasa una factura al Ayuntamiento de Torrent para que pague por unas pasarelas que ya no existen

Inaudito: el Gobierno de Pedro Sánchez, que se jacta de que ha entregado un alto porcentaje de ayudas a los afectadas por la DANA en Valencia el pasado octubre, ha reclamado al Ayuntamiento de Torrent el pago de un canon por unas pasarelas que ya no existen tras el paso de la DANA.

El ayuntamiento torrentino ha rechazado pagar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por citado canon de ocupación de dominio público hidráulico por dos pasarelas peatonales que, a día de hoy, ya no existen.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, que califican de «absurdo» el canon, ha tildado la liquidación emitida por el Gobierno que ha llegado al consistorio como «una afrenta institucional» y «un sinsentido moral». El Ejecutivo de Sánchez «reclama el pago por el uso de un espacio ocupado por dos estructuras que han sido totalmente destruidas», dice. «No hay ocupación. No hay uso. No hay beneficio, y ahora, una factura del Estado», ha denunciado, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

OKDIARIO informaba la semana pasada de cómo el Ejecutivo del PSOE y Sumar sableaban a los valencianos afectados engordando la caja del Estado a costa del bolsillo de los valencianos: entre enero y febrero les ha cobrado por impuestos 620 millones más que en los mismos meses de 2024. Es un 26% más que antes de la devastadora DANA.

Sin pasarelas en Torrent tras la DANA

En el caso de Torrent, una de las pasarelas afectadas conectaba el CEIP Juan XXIII, en el barrio del Xenillet, con la otra orilla del barranco del Poyo; mientras que la otra facilitaba el acceso entre la calle Perellonet y el polígono industrial Mas del Jutge, cruzando el barranco de l’Horteta. Ambas estaban ubicadas sobre cauces gestionados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y fueron arrastradas con el paso de la dana del 29 de octubre.

El consistorio ha señalado que, desde entonces, «la Generalitat Valenciana ha asumido el coste de su reconstrucción, mientras el Gobierno de España, a través de la CHJ, permanece al margen». «Lo más surrealista de todo es que el organismo que no mantiene, que no limpia y que no reconstruye, ahora nos quiere cobrar», ha criticado la primera edil.

El Ayuntamiento ha detallado que la liquidación remitida al consistorio «calcula un canon en base a una ‘ocupación teórica’ de 441 metros cuadrados del dominio público hidráulico» y «se prorratea proporcionalmente al ejercicio fiscal, como si las pasarelas siguieran en pie».

«Nos tratan como si no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos sufrido una catástrofe natural. Eso es una falta de humanidad y de lógica institucional», ha reprochado Folgado, al tiempo que ha criticado el «silencio absoluto» del Ministerio y de la CHJ desde la tragedia. «Han pasado seis meses y el Gobierno ni se ha preocupado en venir a ver en qué estado están sus barrancos en Torrent. Ni siquiera saben que esas pasarelas ya no existen. ¿Cómo pueden entonces pretender cobrarnos por ellas?», se ha preguntado.

Por otra parte, la alcaldesa ha reiterado la petición de la «construcción urgente de un Plan Sur para el barranco del Poyo y l’Horteta, inspirado en el proyecto que protege a València tras la riada de 1957». «Lo que Torrent necesita no es pagar cánones por pasarelas que ya no existen, sino obras reales que eviten que el agua vuelva a causar destrucción con un nuevo Plan Sur para el Poyo y l’Horteta», ha sostenido, según informa Ep.

«No podemos estar en Torrent en alerta constante cada vez que caen cuatro gotas. La ciudadanía merece seguridad, no sobresaltos, y eso se consigue con actuaciones reales, no con cartas de cobro», ha insistido, al tiempo que ha pedido al Miteco que actúe desde las cabeceras de los barrancos –Poyo, l’Horteta, Gallego y la Saleta– y no se limite a intervenciones parciales al final del cauce. «Si no se actúa en origen, todo lo que se haga en el tramo final es inútil. Necesitamos una obra comparable al Plan Sur del Turia, pero para Torrent y su entorno. Esto no puede esperar más», ha sentenciado.

Desde el Ayuntamiento de Torrent se va a solicitar a la CHJ la paralización inmediata del cobro del canon, y se va a remitir una carta al Ministerio dirigido por Sara Aagesen, exigiendo «una revisión de los criterios de aplicación de los cánones hidráulicos».

En este sentido, se propone que se exima del pago en los casos en que no exista ocupación real del dominio público; las infraestructuras estén destruidas por desastres naturales; el Ayuntamiento o la ciudadanía no obtengan ningún uso ni beneficio; o las obras de restitución corran a cargo de otras administraciones.