‘Enriquecimiento injusto’, el caballo de batalla de Oltra con las residencias de mayores

El pasado enero, la vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra, en su condición de consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas reconoció que la residencia de mayores de Moncada se encontraba en situación de enriquecimiento injusto. Tanto el contrato de adjudicación de la gestión de la residencia como la prórroga del mismo habían caducado. Sin embargo, la empresa adjudicataria de esa gestión, Gestió Socio-sanitaria Al Mediterrani (Gesmed) tenía que seguir para que los usuarios no quedaran desatendidos.

La situación de enriquecimiento injusto está inicialmente concebida para atender a escenarios que presentan un carácter de excepcionalidad. En el caso de Moncada, Oltra alegó en su momento que la falta de personal de la Consejería que ella misma dirige había contribuido al retraso del nuevo contrato, pero que ese contrato se encontraba en periodo de redacción.

Sea como fuere, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, la situación de enriquecimiento injusto en la gestión de las residencias preocupa y se buscan soluciones.

En el caso de Moncada, quien se encuentra en esa situación, es Gesmed. Unas principales contratistas del sector en el ámbito de la Comunidad Valenciana: lleva más de 20 años trabajando en el ámbito sociosanitario, con independencia del partido que gobernara en la Administración autonómica o local. Según publicó reflejaron diversos medios, a inicios del presente mes de febrero, otras 5 residencias y centros de día gestionados también por Gesmed se encontraban en la misma situación que la residencia de Moncada, una circunstancia que sólo podía ser soportada por la solidez de la propia empresa, una de las mayores contratistas del sector, como se ha dicho, con más de 1.500 plazas en residencias y algo menos de 400 en centros de día, que gestiona instalaciones tanto en la Comunidad Valenciana como, en menor medida, en Castilla La Mancha.

No en balde, Gesmed cerró 2020 con un incremento en la facturación superior a los 42 millones de euros pese a las restricciones de aforo, que obligaban a dejar un 10% de plazas libres, lo que supuso un impacto negativo superior a los 800.000 euros, según publicó Valencia Plaza el pasado octubre. Según este medio, la compañía ingresó en torno a los 360.000 euros sólo por los intereses de demora de la Administración, si bien ya había registrado otros 318.000 euros en 2018 y 126.000 en 2019 por esta misma causa, según informó el mismo medio en septiembre de 2020.

En septiembre de 2020, Gesmed obtuvo la adjudicación de otras 4 residencias de mayores gestionadas por la Generalitat Valenciana a través cuatro procedimientos contencioso-administrativos interpuestos en 2016 por las adjudicaciones de esas residencias a otro grupo del mismo sector. En ese paquete se encontraban la propia residencia de mayores dependientes y centro de día de Moncada, La Alcudia, Palacio de Raga y Puzol. 

El director general de Gesmed es, según publicó Las Provincias, Emérit Bono, hijo de un ex consejero autonómico que ocupó las carteras de Obras Públicas y Medio Ambiente bajo la presidencia del también socialista Joan Lerma. En Gesmed, también, trabaja otro destacado socialistas, el ex secretario general del PSOE valenciano Joan Ignasi Pla. Además, y según publicó Es Diario, también está relacionado con esta empresa el hijo del que fuera responsables de Finanzas del PSOE valenciano José Cataluña. También estuvo vinculada a esta empresa hasta hace 2 años, según Es Diario, Amparo Panadero, ex pareja del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig.

Se da la circunstancia de que en mayo de 2008, Joan Ignasi Pla confirmó al diario Levante su fichaje casi inmediato por el despacho de entonces del hoy portavoz socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata. Pla había dirigido como secretario general el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) entre septiembre de 2000 y octubre de 2007 y formó parte también del Consell Juridic Consultiu de 2011 hasta 2013, cuando se incorporo como director de Estrategia a Gesmed, tal como publicó en su día el Diario Información.

En cuanto a Mata, éste coincidió profesionalmente con Oltra en 2013, en este caso, en la defensa de las damnificadas por la fabricación defectuosa de prótesis mamarias PIP. Según publicó en abril de ese año la Razón, entre ambos defendían a un total de 142 damnificadas. Además de Mata y Oltra, el caso sumó a un tercer político destacado en el devenir histórico de la Comunidad Valenciana, el también socialista Jorge Alarte, que defendía a otras 5 damnificadas siempre según ese mismo medio.