El alcalde de Alicante exige a Sánchez que garantice los fondos de la rebaja de transporte que anunció

El alcalde de Alicante el popular Luis Barcala ha exigido a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez los fondos necesarios y suficientes para que los ayuntamientos puedan afrontar la rebaja del 30% en el transporte público que el Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez aprobó por decreto y que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre. Además, le ha reclamado también las garantías para que los ayuntamientos puedan cubrir la compensación a las empresas que prestan ese servicio. Todo ello, en el marco de la reunión mantenida por la ministra con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El pasado 25 de junio, en reunión extraordinaria, el Gobierno de Sánchez aprobó un decreto que reduce el precio del abono de transporte mensual del Estado en un 50% y que incluye una reducción de hasta un 30% del coste de los abonos de comunidades autónomas y entidades locales. En este caso, Ayuntamientos.

La Comunidad de Madrid, tal como publicó OKDIARIO ese mismo día, denunció que el citado fondo podía suponer una vulneración de las competencias tanto de las mencionadas entidades locales como de las comunidades autónomas y denunció, además, que la medida no había sido consensuada ni con unas ni con otras administraciones.

En esa misma línea se ha expresado el alcalde de Alicante en la reunión de la FEMP con la ministra de Transportes. Luis Barcala ha puesto sobre la mesa 2 cuestiones importantes que afectan tanto a la gestión del recurso como a la propia responsabilidad de las Administraciones. Sostiene que unirse a esa iniciativa supone una doble responsabilidad para los ayuntamientos españoles. De un lado, por aplicar el descuento citado en tantos casos como sea necesario y, de otro, porque el Ayuntamiento deberá entonces compensar al operador o prestador del servicio.

Esta última es una cuestión trascendente porque el decreto de Sánchez, según ha explicado Luis Barcala, no fija ninguna garantía de que con los fondos que proporciona el Gobierno de España se pueda cumplir con el 100% de las obligaciones: el descuento al usuario y la compensación correspondiente al operador. Y esto, a su juicio, es ya un problema de calado porque genera «inseguridad» al Ayuntamiento.

La tesis del alcalde de Alicante es que si el fondo recibido del Ministerio se destina en su integridad al descuento quien finalmente tendrá que abonar los gastos compensables al operador será quien ha asumido las obligaciones con él: los ayuntamientos. Y que no hay garantías  ministeriales de recibir los fondos necesarios para cubrir es doble responsabilidad.

Por tanto deben estar claros, ademas los mecanismos de liquidación. Además, esos alcaldes entienden que si se trata de una medida de respuesta a la inflación y en fomento de la movilidad sostenible, no debería ser coyuntural -4 meses- sino que debe tener continuidad en el tiempo.