El Gobierno amenaza con un 155 sanitario a Mañueco por las medidas provida de Vox

Pedro Sánchez pasa a la acción para evitar la implantación de las nuevas «medidas provida» que Vox quiere impulsar desde la Junta de Castilla y León. De la misma forma que hizo en la Comunidad de Madrid con la pandemia de COVID-19 para arrebatarle poder a Isabel Díaz Ayuso, decretando un estado de alarma únicamente sobre la región bajo el pretexto de que debía garantizar la salud pública, Sánchez amenaza ahora con aprobar la declaración del artículo 155 de forma parcial para retirar al PP las competencias en materia sanitaria en Castilla y León. El hecho de que las nuevas medidas anunciadas por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, nunca hayan sido un derecho en la región, sería la excusa que justificaría la intervención del Estado. Pues el nuevo texto autonómico contravendría La ley del Aborto aprobada por el Congreso.

De ser así, la ministra Carolina Darias pasaría a dirigir la sanidad castellanoleonesa y el consejero autonómico quedaría inhabilitado para tomar decisiones. Todo con la intención de evitar que se pongan en marcha las medidas acordadas entre los dos socios de coalición sobre el aborto para la formación del Gobierno de coalición. Una decisión radical y contundente por parte del Ejecutivo de Sánchez que contrasta, por ejemplo, con la deliberada tibieza que ha tenido frente al Govern de Cataluña cuando ha decidido incumplir la sentencia del Tribunal Supremo del 25% de español en las escuelas. Ahí el Gobierno no sólo no retiró las competencias a Cataluña en materia educativa, como pretende hacer en Castilla y León y antes hizo en Madrid, sino que además rechazó recurrir la desobediencia ante el Tribunal Constitucional.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido este lunes para asegurar que, pese a los requerimientos del Gobierno ante un acuerdo «que ni está tramitándose», los protocolos sobre gestación planteados, calificados de anti abortistas por el Gobierno central, «no obligarán a nada ni a médicos ni a mujeres». Ni a ofrecer escuchar el latido fetal o una ecografía 4D, ni a someterse a esa prueba. Desde Moncloa ya han deslizado la posibilidad de aplicar el 155 contra Castilla y León en caso de que ese plan, no articulado aún, siga adelante. «Dejen de hacer política usando a las mujeres», ha sentenciado Mañueco.

Desde el Ejecutivo la Ministra de Sanidad, Carolinas Darias, ya ha advertido a la Junta de Castilla y León que «no tendrá ninguna duda» en recurrir a la vía judicial si aplica las medidas «provida» anunciadas la pasada semana. «Recurriremos a todos los mecanismos jurídicos para la defensa de la legalidad, si es necesario, no tendremos ninguna duda», ha explicado en Cadena Ser tras mandar un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Fijando la posición oficial del Gobierno -en línea con la del PSOE- Darias considera que las medidas propuestas por la Junta «no son admisibles conforme a la legalidad vigente, no caben en la ley, ni tiene ámbito competencial». En su opinión, lo que hay que procurar es que «la mujer tome la decisión libremente, sin interferencias de terceros y esto está contraviniendo la legalidad vigente y los derechos de las mujeres». «Ante esto no estamos dispuestos a transigir», ha añadido la titular de Sanidad. Los socialistas han aprovechado la polémica para cambiar su estrategia política centrándola en las cesiones que el PP tiene que hacer ante Vox para descalificar a su principal rival como alternativa de gobierno.