El pleno de Santanyí reclama medidas contundentes contra la ocupación ilegal de viviendas
El equipo de gobierno ha presentado una moción para luchar contra estas prácticas en el municipio
Insta al Gobierno a modificar el Código Penal para endurecer las penas, especialmente en casos de crimen organizado
El salón de actos del Ayuntamiento de Santanyí ha acogido esta semana la sesión ordinaria del pleno municipal correspondiente al mes de abril, en el que el equipo de gobierno que lidera Maria Pons (PP) ha presentado una moción para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas en el municipio.
Según ha explicado la alcaldesa santanyinera en un comunicado, debido a que últimamente se han registrado situaciones de ocupación ilegal de casas en esta localidad, «es necesario que el consistorio reclame una legislación más contundente y que ampare tanto a propietarios como personas en situaciones de vulnerabilidad».
El texto aprobado en el pleno insta al Gobierno de España a modificar el Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de vivienda o inmueble, especialmente en casos de crimen organizado. Además, también reclama nuevas medidas para mejorar la protección de los propietarios cuando se ven privados del acceso a los bienes sin su consentimiento y que el desalojo de viviendas ocupadas en caso de delito se produzca en 24 horas por parte de la Policía.
Asimismo, la propuesta del equipo de gobierno santanyiner incluye la demanda de un nuevo apartado en las bases de régimen local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal, así como solicitar que esta inscripción se considere nula y no sea prueba para acreditar residencia. De esta forma, los ayuntamientos podrían dar de baja de oficio o a instancia de los propietarios reales las inscripciones cuando tuvieran conocimiento.
En la sesión plenaria también se ha aprobado una propuesta de resolución en defensa de la supresión del impuesto de sucesiones. Por ello, el Ayuntamiento de Santanyí insta al Gobierno de Pedro Sánchez a respetar la autonomía fiscal y tributaria de las comunidades autónomas, con la eliminación del impuesto de sucesiones entre familiares directos.