El Parlament balear da el primer paso para eliminar el requisito del catalán para ser funcionario

El Parlament balear ha dado este martes el primer paso para eliminar el requisito del catalán para acceder a una plaza en la función pública al rechazar la moción presentada por el PSOE por la que se instaba al Govern  a mantener la obligación de tener el certificado de conocimiento de la lengua catalana.

La moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a política general en materia de función pública ha sido aprobada parcialmente, pero se ha rechazado el punto que pedía mantener el requisito del catalán. Se ha aceptado, con enmienda del PP, instar al Govern a convocar tan rápido como sea posible la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para calendarizar y desarrollar los acuerdos pactados y alcanzados en el marco de la negociación colectiva.

El mantenimiento del requisito del catalán ha sido rechazado con los votos del PP y Vox mientras ha votado a favor toda la oposición.

Cabe recordar que el Govern que preside Marga Prohens ya eliminó el requisito del catalán a los médicos y enfermeras. Ahora, el siguiente paso, en virtud del acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox, es eliminar el requisito en el resto de la Administración, salvo en determinados puestos que sean de atención al público. El Govern quiere que conocer el catalán sea un mérito pero no un requisito para ser funcionario.

El pleno del Parlament, por otra parte, ha dado luz verde a pedir al Ejecutivo balear que respete la negociación colectiva y cumpla con los acuerdos en materia de empleo, laborales y salariales, y que mantenga la tasa de temporalidad en la función pública por debajo del ocho por ciento.

También se solicita al Govern, a través de esta moción, que nombre tan rápido como sea posible los miembros de la Inspección de Servicios Generales para garantizar los canales internos de denuncias entre el funcionariado y establecer el circuito de comunicación. En este último punto se ha introducido también enmienda del PP.

Por contra, se han rechazado los tres puntos restantes que contemplaba la iniciativa, por los que se instaba al Govern a cumplir con el decreto de 2022 de medidas urgentes para reducir la temporalidad, poner en marcha nuevos sistemas de progresión vertical o convocar de manera inminente la convocatoria ordinaria de carrera profesional del año 2024 y que, mientras no sea abierta y permanente, se comprometa a publicarla en el primer Boletín de cada año.

La primera en intervenir ha sido la diputada socialista Sílvia Cano, quien ha defendido el contenido de la moción que presenta su grupo. Según ha justificado, entre las cuestiones que suscitan «preocupación» a la sociedad civil está «el catalán en la función pública, la rebaja del requisito del catalán en la sanidad o la segregación lingüística en los centros educativos».

Seguidamente, la diputada del PP Cristina Gil ha defendido su enmienda para, en lugar de pedir mantener el requisito del catalán, instar al Govern a hacer conciliable, por un lado, que el desconocimiento de la lengua catalana no penalice la función pública y, por otro, que el ciudadano pueda dirigirse a la Administración en cualquiera de las lenguas oficiales.

En esta línea, ha asegurado que «esto es positivo para asegurar el conocimiento del catalán» y ha puesto de ejemplo el «éxito» del curso a sanitarios avalado por el IEB.

La portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, por su parte, ha considerado «discriminatorio» que no sean los mejores los que accedan a una plaza y sí «los que tengan simplemente un título de catalán». Por ello, según ha recordado, acordaron con el PP la eliminación del requisito del catalán, algo que espera que «se ejecute en breve».