La nueva edil de Podemos en Palma lleva tres años ocultando bienes y rentas a la Oficina Anticorrupción

La nueva concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, la hasta ahora directora general de Participación Ciudadana, Claudia Costa del Río, que tomará posesión de su acta de edil la semana próxima, no ha entregado ni un solo documento de sus ingresos y bienes a la Oficina Anticorrupción desde que aterrizó en el Ayuntamiento de Palma en 2019, pese a que cada año está obligada a presentar además la declaración de la renta.

Jamás lo ha hecho, vulnerando con ello de forma reiterada el artículo 25 de la Ley 16/2016 de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears.

Según este artículo clave para que la oficina fiscalice a los cargos públicos, éstos quedan obligados a formular en el registro de declaraciones y actividades una declaración patrimonial, comprensiva de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, intereses y actividades, hasta seis meses anteriores a su nombramiento.

La obligación de presentar estas declaraciones se recoge en dicha legislación aprobada la pasada legislatura, donde se expone que la información que deben transmitir a la oficina los cargos públicos afectados debe abarcar «la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y actividades», según el texto legal, así como cualquier alteración o modificación que se produzcan en salarios y bienes patrimoniales, durante los años en que esté en funciones.

En el caso de la nueva concejala de Podemos es que no ha presentado nada de nada, ni un solo papel desde que ocupa la dirección general del área de Participación Ciudadana. Costa, que tomará el acta en un pleno extraordinario que el Ayuntamiento de Palma celebrará el próximo martes día 19 relevando así a la cesada concejala de Justicia Social de esta formación Sonia Vivas fulminada del cargo el pasado mes de junio, se expone así a una sanción mínima de 1.000 euros, aunque en su caso, tiene el agravante de reincidencia.

En total en el Consistorio palmesano son 72 los altos cargos que tienen la obligación de presentar su declaración de bienes, patrimonial o de renta y curiosamente los seis concejales socialistas han cumplido con este precepto.

Costa sólo presentó en 2019 ante la secretaria general del pleno una declaración de actividades vacía de contenido y una de bienes patrimoniales donde declaró tener un piso adquirido en 2001, una cuenta en Caixabank con 1.400 euros y un préstamo estudiantil materializado en 2015.

Una declaración de la que no hay constancia en la Oficina Anticorrupción donde estaba obligada a presentarla al mismo tiempo, y donde no ha entregado ni una sola declaración de la renta de los tres años que lleva siendo directora general en el Consistorio palmesano.