Mallorca aprobará esta semana la normativa que permite legalizar 24.000 viviendas en suelo rústico

El Consell de Mallorca debatirá en el Pleno de próximo jueves una nueva aprobación del procedimiento la legalización extraordinaria de viviendas en suelo rústico fuera de ordenación cuya infracción haya prescrito. Se trata de desarrollar la disposición séptima de la Ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Islas Baleares, aprobada recientemente por el Parlament balear. Se calcula que en Mallorca hay unas 24.000 viviendas ilegales en suelo rústico (30.000 en toda Baleares) que podrían acogerse a esta medida.

El Consell de Mallorca aprobará esta semana el procedimiento de legalización después de que el pasado día 6 se conociera que el Govern que preside Marga Prohens había logrado el aval del Gobierno de Pedro Sánchez para legalizar viviendas en suelo rústico, aspecto que contempla el decreto de simplificación administrativa del PP balear y que ya no será bloqueado por el Ejecutivo central, que había amenazado con presentar un recurso de inconstitucionalidad.

A cambio, Baleares se compromete a crear un canal externo de denuncias tras la desaparición hace un año de la Oficina Anticorrupción, en virtud de la ley autonómica que regula la declaración de patrimonio y de actividades de los cargos públicos.

El conseller insular de Territorio, Fenando Rubio, ha explicado que este procedimiento debe llevarse nuevamente a aprobación en el Pleno, ya que la disposición adicional séptima ha sido modificada desde que la institución insular aprobó el procedimiento en el mes de junio.

«Los Consells Insulares,  una vez se ha producido la modificación de la norma respecto al decreto ley anterior, debemos aplicar un nuevo régimen jurídico de la Ley de simplificación administrativa y consideramos que es un acuerdo bueno para los intereses de Mallorca. El 6 de febrero se llevó a comisión informativa y se debatirá en el Pleno del jueves», ha explicado el conseller Fernando Rubio.

Rubio ha recordado que se trata de «dar una solución a las viviendas donde ha prescrito la infracción, no se puede iniciar ningún expediente sancionador y, por tanto, tampoco se pueden demoler». «La ley prevé que se puedan legalizar con una serie de condiciones de carácter energético, paisajístico y el pago de una prestación económica», ha añadido el conseller insular de Territorio.

En concreto, entre las condiciones que se exige a los propietarios destaca que se les exigirá un proyecto técnico de legalización, solicitar la licencia y cumplir unas medidas de carácter ambiental que supongan reducir la contaminación lumínica, incrementar la eficiencia energética e instalar sistemas de depuración de agua.

Además, los propietarios que opten a la legalización de una edificación fuera de ordenación deben abonar las tasas correspondientes y una prestación económica a su Ayuntamiento. Unos fondos que obligatoriamente deben destinarse a la adquisición, la recuperación, la protección y la gestión sostenible de espacios y de recursos naturales o a la dotación de suelo de patrimonio municipal.

Los ayuntamientos deben resolver las solicitudes presentadas entre el 20 de junio (fecha de la primera aprobación por parte del Consell) y el 14 de diciembre de 2024. No hace falta que los solicitantes vuelvan a presentar las instancias de legalización que ya han presentado. En todo caso, siempre se debe aplicar el procedimiento que les sea más favorable. Los ayuntamientos podrán establecer criterios de integración paisajística y de armonización.

Multa a las viviendas en suelo rústico

Para la legalización de estas casas, los propietarios que se acojan al proceso deberán pagar una contribución al Ayuntamiento de entre el 10 y el 15% del valor de los construido y la obra a ejecutar. Será el 10% si la legalización se hace durante el primer año de la entrada en vigor del decreto, del 12,5% durante el segundo año y del 15% el tercer año.

El primer paso para legalizar la vivienda es presentar un proyecto técnico en el Ayuntamiento y una vez sea validado, abonar la correspondiente tasa ya mencionada de entre el 10 y 15% del valor del inmueble y de las obras a ejecutar.

Las viviendas legalizadas mediante este proceso no pueden destinarse en ningún caso al alquiler vacacional, según establece el decreto. El problema surgió cuando resulta que muchas de estas viviendas ilegales tienen licencia de alquiler vacacional. En este caso, podrán mantener la mencionada licencia.

Aparte de las normativas marcadas por el Govern y los Consells Insulares, los ayuntamientos pueden desarrollar su propio reglamento y así ya lo ha hecho Alaró.

Las medidas aprobadas en Alaró incluyen requisitos estéticos como el uso de colores tradicionales, entre los que destacan ocres, tierra y verdes, tanto para fachadas como para carpinterías. También se exige que las cubiertas sean inclinadas de teja cerámica tradicional y que se eliminen materiales obsoletos como el amianto.

En cuanto a las medidas estéticas de las viviendas, el Ayuntamiento de Alaró ha establecido que los proyectos técnicos que pretendan la legalización de edificios, construcciones o instalaciones deberán incluir las medidas oportunas para cumplir con lo siguiente: las fachadas deberán estar correctamente revestidas con colores tradicionales, es decir ocre y tierra, según la carta de colores municipal; las persianas deberán estar acabadas o pintadas en colores tradicionales, como verde, marrón o gris; las baldosas deben ser de un color parecido al que les rodea; las cubiertas inclinadas deben estar acabadas con la teja tradicional cerámica de color ocre; las cubiertas con paneles prefabricados sintéticos, asfálticos, metálicos o similares se tendrán que sustituir o cubrir con materiales que cumplan con los apartados anteriores.