A juicio un peruano por espiar, abusar y amenazar con dar palizas a la hija menor de su exnovia en Mallorca

La Audiencia Provincial de Baleares juzga este jueves a un hombre de origen peruano por abusar presuntamente de la hija menor de su ex pareja y amenazarla con pegarle palizas si contaba algo a sus familiares. El acusado se enfrenta a una petición de diez años de cárcel y a su posterior expulsión del país. 

Los hechos, según recoge el escrito de acusación, sucedieron en viviendas ubicadas en Marratxí, Son Servera y la calle Aragón de Palma cuando la menor tenía entre doce y quince años. La convivencia compartida bajo el mismo techo permitía al hombre buscar momentos en los que la madre no estaba presente para quedarse a solas con ella.

Lejos de garantizar la debida protección a la niña a su cargo, el procesado aprovechaba esas ausencias para vigilarla mientras se duchaba, abriendo de improviso la puerta del baño, o para irrumpir directamente en su habitación en los instantes en los que se cambiaba de ropa.

Las conductas invasivas fueron a más dentro de la propia vivienda. En distintos momentos, el acusado optaba por pasearse sin ropa por los pasillos y las estancias, realizando movimientos de índole sexual y llegando a masturbarse abiertamente delante de ella mientras le dedicaba comentarios explícitos para forzarla a mirar.

El escrito fiscal refleja asimismo situaciones de contacto físico en el sofá del domicilio, donde el hombre agarró a la menor y le realizó tocamientos por el cuerpo, recorriendo el pecho, la cintura y la zona genital. Para asegurarse de que la víctima guardara silencio, la amenazaba asegurándole que recibiría una paliza en caso de que su progenitora se enterase de lo ocurrido.

Este calvario ha dejado en la joven secuelas psicológicas y emocionales por las que ha tenido que recibir atención especializada. Desde la primavera de 2023, la Justicia mantiene en vigor una orden de alejamiento a quinientos metros y la estricta prohibición de cualquier vía de comunicación hacia ella.

Ahora, ante el tribunal, la Fiscalía interesa para él una pena de diez años de prisión. La petición incluye además que, una vez cumplidas las dos terceras partes del tiempo de encierro, sea expulsado del territorio nacional con la prohibición de regresar durante diez años. A ello se suman diez años de libertad vigilada posterior a la condena, una década de inhabilitación para cualquier labor en contacto directo con menores de edad, orden de alejamiento y la indemnización económica correspondiente para reparar los daños morales provocados.