El interventor de Palma denuncia el fraccionamiento ilegal de contrato por parte de los independentistas

El interventor municipal del Ayuntamiento de Palma denuncia fraccionamiento de contrato de los independentistas de Més en el área de Educación y Política Lingüística que preside el concejal de esta formación, Llorenç Carrió. En concreto, son ocho facturas que ascienden a un total de 49.709 euros, validadas por tres decretos por un importe de 14.616 euros el primero de ellos, 17.196 euros el segundo y 17.897 euros el tercero.

Las facturas están validadas en fechas que van desde el 20 de julio de 2022, la primera de ellas, mientras las restantes siete, se rubricaron en diferentes días del pasado mes de diciembre.

Fueron abonadas todas ellas a una entidad privada de ocio, deporte y tiempo libre mediante un procedimiento que el interventor municipal no deja lugar a dudas de que «constituye un fraccionamiento del objeto de contrato prohibido por el artículo 99.2 de la L 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público».

La legislación siempre ha sido clara a este respecto: está prohibido dividir contratos para pasarlos por menores, y así, concederlos a dedo a voluntad del político de turno. Tras la última reforma, la legislación prohíbe firmar más de un contrato con la misma empresa si, sumados, superan los límites de los menores. Esto es: una vez se ha llegado al umbral de 15.000 euros para suministros y servicios y de 40.000 para obras, no se podría volver a contratar a la misma firma.

Por ello, y al detectarse, en este caso, infracciones del ordenamiento jurídico que califican, a priori, el acto como nulo, el alto funcionario municipal considera procedente «la adopción de una resolución por parte de Pleno, con el fin de convalidar la omisión de la función interventora y los incumplimientos detectados».

Una forma de proceder con el fin de que «pueda procederse al reconocimiento extrajudicial de las obligaciones detalladas en el expediente por parte del órgano competente, las cuales estarán, en cualquier caso, sujetas a intervención previa».

Pero el interventor alerta al gobierno municipal de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos que preside el alcalde del PSOE, José Hila, que «el reconocimiento extrajudicial de un crédito no supone su validación o enmienda, ya que el acto sigue siendo nulo de pleno derecho».

Estos expedientes de reconocimiento extrajudicial es un acuerdo de pleno para que se puedan abonar las facturas por un servicio prestado que no ha salido a concurso, para así, no perjudicar al contratista, ya que si no se hace de esta manera no podría cobrar.

Las contrataciones menores son una constante en áreas, departamento y empresas municipales, caso del Instituto Municipal de Innovación (IMI) donde el propio interventor ya alertaba del uso excesivo de la contratación menor, por el presidente y concejal socialista de Hacienda, Adrián García.

En concreto en 2020, otorgó nada menos 3.694.639 euros en contratos menores, lo que representaba un 95,82% del importe total previsto. Una práctica a todas luces censurable, ya que va en detrimento de los principios de libre concurrencia, publicidad y transparencia de los procedimientos que informan la contratación pública.

Por ello instaba a la dirección de la compañía municipal, aunque sin éxito, a evitar hacer un uso excesivo de la figura de la adjudicación directa de contratos menores, y el posible fraccionamiento del objeto del contrato, derivado de gastos recurrentes.