Los independentistas de Mallorca admiten que su socia Armengol hizo poca vivienda pública

El coordinador general de los independentistas de Més per Mallorca y portavoz en el Parlament, Lluís Apesteguia, denuncia una «mala gestión histórica de la vivienda pública en Baleares». Lo dice el responsable de una formación que formó parte del gobierno de Francina Armengol en las dos legislaturas en las que la socialista fue presidenta del Ejecutivo balear.

En esa «mala gestión histórica» incluye también esos ocho años en los que formaron parte del Ejecutivo de Armengol aunque en ninguna de las dos legislaturas ocuparon la cartera de Vivienda.

La formación de Apesteguia presentará una batería de enmiendas a la Ley de Vivienda que aprobará en unos días el Parlamento balear con los votos de PP y Vox. A la hora de valorar sus iniciativas, Apesteguia denuncia que «la gente no puede cargar sobre sus espaldas la mala gestión histórica de la vivienda pública en Baleares. No tenemos la vivienda social que nos merecemos y eso no es culpa de la gente».

Ante la afirmación de «la mala gestión histórica» y a pregunta de OKBALEARES, el líder de los independentistas de Baleares asegura que la crítica es a todas las administraciones y de todos los tiempos: «Va por todas en toda la historia, aunque no es una autocrítica concreta a los ocho años anteriores, pero lo cierto es que el principal problema de Baleares es que se ha hecho poca vivienda pública. Durante las décadas de los 80 y los 90 se dedicó a su venta en lugar de mantenerlas en alquiler y así dejó de ser una herramienta para asegurar derechos».

Para descargar parte de la responsabilidad de los ocho años de gobierno de Armengol con Més per Mallorca, Apesteguia cierra la afirmación con un «ha habido un enfoque erróneo durante décadas». Una de esas décadas engloba los ocho años que su partido estuvo en el Govern balear con los socialistas.

Entre las enmiendas de Més per Mallorca a la Ley de Vivienda proponen proteger a los más vulnerables, cambiando las ayudas al alquiler sustituyéndolas por desgravaciones fiscales universales y automáticas, así como con una prestación universal a las personas que esperan una vivienda de protección oficial y cumplen con los requisitos.