El Govern de izquierdas en funciones gasta 25,8 millones en la compra de 88 pisos para vivienda social

El Govern balear de izquierdas en funciones gasta 25,8 millones en la compra de 88 pisos para vivienda social, a 300.000 euros la unidad, en un edificio de nueva construcción ubicado en la calle Brotard del barrio palmesano de Nou Llevant.

La operación financiera se ha materializado a falta de tres días para el inicio de la sesión de investidura de Marga Prohens (PP) como nueva presidenta de Baleares y se enmarca en el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de inmuebles entre grandes tenedores, regulado en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Islas Baleares.

El pasado 30 de marzo Metrovacesa notificó a la Conselleria de Movilidad y Vivienda y al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) la intención de vender el edificio de nueva construcción en el que se ubican estos pisos, aceptando el Ejecutivo de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos el pago de la cantidad requerida para su adquisición, en concreto, un total de 25.871.323,82 euros.

Pese al destino social que tendrá el edificio, las 88 viviendas libres no están calificadas como de protección oficial y en el precio final se incluye un local comercial, 93 aparcamientos y 88 trasteros libres, no vinculados a las mismas.

Al no disponer el IBAVI de liquidez ni del presupuesto requerido para hacer frente a su adquisición, la Conselleria de Hacienda presidida por la consellera socialista en funciones y concejala en el Ayuntamiento de Palma, Rosario Sánchez, ha autorizado una transferencia desde el ente público Ports IB al IBAVIpor valor de 17 millones de euros para materializar esta operación.

Un trasvase de capital que sin embargo no ha sido avalado por el consejo de administración de la empresa pública portuaria, en una extraña operación financiera, que ha sido también muy criticada por el comité de empresa de este ente público.

En una nota de prensa, los representantes de los trabajadores consideran que la transferencia de 17 millones de euros de los presupuestos de Ports IB al IBAVI, «todavía es más sangrante si se tiene en cuenta la existencia de numerosas quejas de usuarios y asociaciones náuticas debido al mal estado de los puertos».

Unas quejas que, según el comité de empresa, hacen «preciso» un «aumento en la inversión en mantenimiento y mejoras en las instalaciones y servicios portuarios, y no quitar recursos a la empresa para poder acometerlos».

«Nos llama poderosamente la atención que la misma Conselleria que nos reclama 17 millones de euros sea la que nos ha negado siempre la adecuación retributiva por temas presupuestarios», abunda el comité.

Por ello los representantes de los trabajadores califican como algo «del todo inaceptable» esta operación de descapitalización «esquilmando los recursos económicos de la empresa» que están disponibles para realizar inversiones que son «urgentes y extremadamente necesarias» ligadas al ámbito de actuación de la misma. Todo ello, además, con el objetivo de hacer frente a préstamos o inversiones de otras empresas públicas, que nada tienen que ver con la finalidad institucional de Ports IB, «sin haber tenido en cuenta ni estudiado cómo afectará a la viabilidad, mantenimiento e inversiones previstas por este ente público».