Baleares aprueba el decretazo que encarecerá el precio de la vivienda al frenar el crecimiento urbanístico

El Parlament ha validado este martes el decretazo que frena el crecimiento  urbanístico en las Islas, que resta competencias a los ayuntamientos sobre la creación de zonas urbanizables y que supondrá a la postre un encarecimiento del precio de la vivienda. El Decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística se ha aprobado con 29 votos a favor y 17 en contra.

El nuevo decreto ley establece que los planeamientos urbanísticos municipales no podrán delimitar nuevos sectores de suelo urbanizable cuando las necesidades reales se puedan resolver con actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

A partir de ahora para hacer cualquier modificación del planeamiento urbanístico -aunque sea para construir un equipamiento público, como un hospital, una escuela, un centro de salud o de día, o modificar el trazado de una calle- será preceptivo que el Ayuntamiento realice modificaciones puntuales de la normativa, un procedimiento que puede tardar años debido a la lentitud de los Consells Insulares.

El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, ha defendido que es un decreto «para la contención del crecimiento urbanístico de las Islas, un territorio frágil, vulnerable y con un alto índice de presión humana que compromete sus recursos naturales».

La oposición

El diputado del PP Sebastià Sagreras ha sostenido la posición en contra de su partido al decretazo urbanístico, ya que, según ha dicho, «agrava todavía más el problema de la vivienda y genera inseguridad jurídica». En este punto, se ha referido a la «mala costumbre» del Govern de «hacer urbanismo vía decreto, y sin contar con los consells ni ayuntamientos».

El diputado de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas, ha criticado también la «vulneración de competencias de consistorios y consells», y ha dicho que el decreto «no soluciona los problemas más acuciantes de la ciudad».

Asimismo, ha recordado que «hubo un tiempo en que el urbanismo lo planteaban los urbanistas, que decidían cómo se gestionaba la creación de nuevos espacios», y ha considerado que los profesionales del siglo XXI «tienen también en cuenta la sostenibilidad y prevén estas soluciones».

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Jorge Campos, ha lamentado «una vez más el despotismo de la izquierda», que se manifiesta «perjudicando gravemente el desarrollo económico de la región».

«Nos cuelan restricciones a los usos urbanísticos que pueden ejercer los ciudadanos, restricciones injustificadas y desproporcionadas», ha continuado Campos, que ha tildado de «imposición» el debate de este «decretazo», informa Europa Press.

El último en intervenir sobre el decretazo ha sido el portavoz parlamentario del PI, Josep Melià, que ha incidido en su «sorpresa por la poca explicación de usar la figura del decreto ley, que en teoría es una excepción», y por el «poco alcance» de la norma. «Queremos contener el crecimiento, pero con cabeza», ha enfatizado el portavoz, que ha justificado su abstención y ha pedido su tramitación como proyecto de ley.

El pacto de izquierdas

El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, ha defendido el decretazo para  «un nuevo modelo territorial basado en la contención urbanística, que apueste por la «rehabilitación y renovación urbana frente a nuevos crecimientos».

«Es responsabilidad de la gente que defiende estas Islas tomar conciencia y medidas que puedan ayudar a variar el modelo y la presión que tanto compromete al archipiélago», ha insistido Mir, que ha manifestado también la importancia de «avanzar para ser más resilientes frente a la emergencia climática, una afirmación cada vez menos aplazable».

El diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez ha considerado, por su parte, que este nuevo decreto trata de dar solución a los «problemas de expansión y crecimiento urbanístico», para «evitar actuaciones indeseadas en el marco de las previsiones».

Así, ha advertido que «la presión es evidente en Baleares, con la progresiva urbanización del medio rural», un hecho que «llama a actuar» y hace «evidente la necesidad de proteger el territorio».

En la misma línea se ha expresado la diputada de Més per Mallorca Joana Aina Campomar, quien ha alertado del «sufrimiento» que padecen los recursos en Baleares, a causa de la «presión» y el consecuente «incremento de la demanda», como por ejemplo de agua.

«Estamos delante de dos modelos, el que quiere la protección frente al que quiere el beneficio independientemente del futuro de las Islas», ha sentenciado la diputada, que ha defendido la «supervivencia del modelo económico y social» del archipiélago.

Desde Més per Menorca, su portavoz parlamentario, Josep Castells, ha insistido en que la riqueza está en conservar. «Llegamos tarde, pero no tiene que ser una excusa para no actuar, hay que hacerlo con responsabilidad para las generaciones futuras, presentes, para la conservación del medio y también de la riqueza».

En su turno de intervención, el diputado del Grupo Mixto-Gent per Formentera Antonio Jesús Sanz se ha detenido en la solución al problema habitacional de las viviendas de Don Pepe, en Ibiza, al tiempo que ha censurado que «algunos piensen que la protección del territorio es cubrirlo de cemento».

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Joan Ferrer ha sentenciado la «malentendida filosofía de la distribución territorial», que «trasladó una presión excesiva de los territorios en un contexto de recursos limitados».

«Es de primero de Geografía que cualquier desarrollo urbano que no cuente con suficientes requisitos está condenado al fracaso», ha remarcado Ferrer, que ha censurado el «urbanismo a la carta» de los ‘populares’ «de acuerdo a las necesidades de sus amigos», sin tener en cuenta «las necesidades reales de la población».