Una diputada del PSOE en Baleares utiliza un aparcamiento del Govern y vota ‘no’ a perder este privilegio

Una diputada del PSOE y concejal en el Ayuntamiento de Es Castell (Menorca), Irene Triay, utiliza para su uso particular una plaza de aparcamiento de propiedad pública, concretamente del Instituto Balear de la Vivienda, el Ibavi. Es una plaza de aparcamiento en una promoción del Ibavi en Es Castell. Triay entró en el Ayuntamiento de Es Castell en sustitución de la también socialistas Noemí Gomila cuando ésta ocupó el cargo de consellera insular en Menorca. Gomila era también la directora del Ibavi  en esta isla.

El Ibavi dispone en Menorca de numerosas plazas de aparcamiento sin adjudicar, 45 concretamente. Son unas plazas que se han generado mediante las distintas promociones de viviendas sociales y son unas plaza que en teoría deberían ofrecerse al público para su arrendamiento.

El diputado del PP en el Parlament, Lluís Camps, ha manifestado en la sesión de este martes que la salida al mercado de estas plazas «proporcionaría al Ibavi unos recursos útiles para avanzar en política de vivienda, daría satisfacción a muchos ciudadanos y contribuiría a corregir los problemas de aparcamiento que se dan en muchos municipios de Baleares».

Ha sido en este momento de la sesión parlamentaria cuando el diputado Lluís Camps ha acusado a la diputada socialista Irene Triay de hacer un uso indebido de una plaza de aparcamiento del IBAVI situada en una de las promociones de Es Castell.  Camps ha dicho que Triay  pudo obtener información privilegiada de la que era directora del Ibavi, Noemí Gomila, para conseguir la plaza de aparcamiento.

Lluís Camps estima que este uso «es indebido y clandestino». En mayo se cumplirán dos años desde que presentó en la Cámara regional una petición de información relativa a la gestión de propiedades del Ibavi  y de forma específica sobre las plazas de aparcamiento. No ha habido respuesta.

En la sesión de control del Parlament, Camps ha recordado que en diversas ocasiones ha solicitado sin éxito que la bolsa de plazas de aparcamiento que se han generado con las diversas promociones de vivienda social y que permanece sin uso ni beneficio social se ofrezcan en oferta pública para su arrendamiento.

En toda Baleares, el Ibavi dispone de 536 plazas de aparcamiento sin ocupar que de ser alquiladas supondrían unos ingresos extra de más de 200.000 euros al año. «Esta vía proporcionaría al IBAVI unos recursos
útiles para avanzar en política de vivienda, daría satisfacción a muchos ciudadanos y contribuiría a corregir los problemas de aparcamiento que se dan en muchos municipios de Baleares», ha dicho Camps.

Según el diputado del PP, «otra ventaja sería evitar el impacto ambiental innecesario que provocan las rondas circulatorias en búsqueda de aparcamiento».  Y ha añadido Camps dirigiéndose al conseller de Vivienda,  Josep Marí Ribas: «El PSOE ha votado sistemáticamente en contra de la propuesta del Grupo Popular para racionalizar la gestión de un patrimonio público».

Aquí, el diputado del PP denuncia la incoherencia en el voto de una diputada que se muestra contraria a una posibilidad lógica y beneficiosa tanto para la administración como para los municipios «mientras ella hace un uso privilegiado de una plaza en su propio provecho».

Lluís Camps estima que la conducta de la diputada, también concejal en el municipio, «es ciertamente poco ejemplar y constituye además un agravio comparativo para muchos ciudadanos que a diario se enfrentan a
las incomodidades de conseguir plaza de aparcamiento».

El diputado menorquín, que es también presidente de la junta local del PP en Es Castell, ya adelanta que buscará una clarificación sobre los hechos que se están produciendo, «las condiciones en las que la diputada socialista se aprovecha de una opción que no llega a otros ciudadanos, desde cuándo viene sucediendo y qué importe satisface por el alquiler de un estacionamiento».

Camps añade que Irene Triay  «accedió a la plaza de forma digitalizada, eso es, por enchufe y considera que no es ni razonable ni estético que un servidor público incurra en estas tentaciones».