BALEARES

La Delegación del Gobierno advierte de que la Policía actuará contra cualquier ataque violento a negocios turísticos en Mallorca

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están plenamente activadas para perseguir e investigar actos vandálicos

"Las reivindicaciones sociales ganan fuerza cuando se expresan de forma cívica y respetuosa", asegura la Delegación

Manual ‘kale borroka’ contra el turismo en Mallorca: bloquear cerraduras de pisos Airbnb, taparse la cara y lanzar pintura

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Manifestación contra el turismo organizada en el centro de Palma.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha advertido este miércoles de que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están plenamente activadas para investigar y perseguir cualquier acto vandálico al más puro estilo kale borroka contra negocios turísticos del archipiélago que se pueda cometer en el marco de las movilizaciones convocadas para el próximo 26 de julio.

Así lo ha asegurado la Delegación tras la lógica preocupación que hay entre la sociedad balear después de que la plataforma turismofóbica Menys Turisme Més Vida haya publicado un infame manual de instrucciones que llama abiertamente a la violencia contra viviendas vacacionales, inmobiliarias y negocios relacionados con el sector turístico.

«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuarán, en el marco de sus competencias, para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de toda la ciudadanía, proteger a las personas y los bienes e investigar aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción o delito», ha indicado la Delegación del Gobierno.

En un comunicado, la Delegación reconoce que hay preocupación en las Islas «por el impacto del modelo turístico sobre el acceso a la vivienda, la convivencia y la sostenibilidad». Sin embargo, considera que esta realidad debe tratarse desde «un debate legítimo que merece respuestas desde las instituciones y el diálogo democrático».

«No pueden compartirse ni justificarse los llamamientos a causar daños en bienes públicos o privados ni a desarrollar acciones que excedan el ejercicio pacífico del derecho de protesta. Las reivindicaciones sociales ganan fuerza cuando se expresan de forma cívica y respetuosa con los derechos de los demás», manifiestan.

Y es que en dicho manual se pide a la ciudadanía que «saque toda su rabia» y señale a través de diferentes acciones vandálicas ilegales todo tipo de alquileres turísticos, negocios que consideran gentrificadores e incluso carteles publicitarios de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

Para ello, ofrecen todo tipo de instrucciones para llevar a cabo este guerrillerismo callejero, como vestir con ropa negra, taparse la cara y elementos identificativos como piercings, tatuajes o marcas de nacimiento, controlar las cámaras de seguridad, lanzar pintura con objetos voladorespintar fachadas o bloquear las cerraduras de pisos Airbnb.

Además, con el objetivo de no ser cazados in fraganti durante la realización de estas acciones, la plataforma Menys Turisme Més Vida recomienda primero revisar la zona, decidir el recorrido y prestar atención a las cámaras de seguridad de bancos u otros locales.

También insta a localizar la presencia de policías o guardias de seguridad para posteriormente decidir cómo y hacia dónde huir si llega la presencia de agentes. «Decidid quién hace la acción, quién la graba, si se quiere hacer un vídeo, y quién vigila», añaden los turismofóbicos.

Cabe recordar que Menys Turisme Més Vida tiene convocada una gran manifestación contra el turismo y el Govern balear de Marga Prohens (PP) el próximo 26 de julio, aunque cada vez tiene menos respaldo en la calle, y que cada temporada turística desde que el PP accedió al Govern en 2023 convoca concentraciones y manifestaciones contra la principal, si no única, fuente de ingresos de los ciudadanos y empresas de las Islas.

Durante los ocho años de Govern de la socialista Francina Armengol en Baleares, estas organizaciones nunca se hicieron oír, a pesar de que entre 2015 y 2023, las plazas de alquiler turístico se dispararon, pasando de 68.092 plazas legales a nada menos que 160.133 plazas, sin que estos colectivos se echaran a la calle.

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