La defensa del monumento a las víctimas del crucero Baleares de Palma llega al Congreso de los Diputados

La defensa del monumento a las víctimas del crucero Baleares de Palma llega al Congreso de los Diputados tras la decisión del Gobierno de incluirlo en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática el pasado 26 de marzo.

La iniciativa, firmada por el diputado balear Jorge Campos junto al resto del Grupo Parlamentario Vox, exige al Ejecutivo que deje sin efecto esa resolución y cese en su acoso contra un conjunto monumental que honra a los 788 oficiales y marineros fallecidos en la batalla del Cabo de Palos en 1938.

El monumento fue financiado mediante suscripción popular y cuenta con una protección judicial expresa. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictó sentencia en junio de 2021 obligando al Consell de Mallorca a catalogarlo como Bien del Patrimonio de la isla, al entender que no vulneraba la Ley de Memoria Histórica y que su valor histórico y urbano justificaba su conservación.

«El Gobierno de Sánchez ignora deliberadamente ese pronunciamiento judicial y traslada al Ayuntamiento de Palma la orden de derribo», critica Vox en un comunicado.

La PNL insta además al Gobierno a cesar cualquier iniciativa de eliminación de símbolos históricos por razones ideológicas e impulsar la derogación total de la Ley de Memoria Democrática de 2022, instrumento utilizado para imponer una versión oficial de la historia que excluye a las víctimas del bando nacional.

Personalmente, llevo más de 10 años en la lucha por proteger, no solo el monumento, que es patrimonio de todos, sino también la memoria de los fallecidos en el crucero Baleares. «Ahora toca llevar esta lucha al Congreso de los Diputados, ante el empeño del gobierno socialista en derribarlo al más puro estilo talibán, incluso estando catalogado y protegido por sentencia judicial», ha declarado Jorge Campos, diputado de Vox por las Islas Baleares.

También la próxima semana en el Ayuntamiento de Palma las tres formaciones del anterior gobierno municipal de izquierdas y ahora en la oposición han presentado una proposición en la que instan al equipo de gobierno del PP a proceder a la retirada del monolito de Sa Feixina del espacio público, «a la mayor brevedad posible, de acuerdo con la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España».

Una decisión insólita esta, si tenemos en cuenta que expertos juristas sostienen que la resolución del secretario socialista de Estado no solo vulnera el artículo 118 de la Constitución, que obliga a cumplir las sentencias firmes, sino que entra en colisión directa con el convenio de salvaguarda del patrimonio arquitectónico de Europa, que obliga a España a proteger estructuras de destacado interés histórico y artístico como la referida.