Baleares sancionará el consumo de alcohol en la vía pública hasta con 1.500 euros en determinadas zonas

El Govern balear sancionará el consumo de alcohol en la vía pública hasta con 1.500 euros en las zonas afectadas por el decreto de turismo responsable, conocido anteriormente como decreto contra el turismo de excesos y cuya modificación ha sido aprobada este viernes.

Esta es una de las principales novedades de la nueva redacción del texto, impulsada por la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes que lidera Jaume Bauzà y que ha sido consensuada con el sector. Las sanciones van desde los 500 a los 1.500 euros, exceptuando las terrazas o las zonas legalmente habilitadas.

Por otro lado, se ha corregido uno de los temas de la nueva redacción que más soliviantó al sector y se ha decidido mantener el cierre de los establecimientos comerciales que vendan bebidas alcohólicas desde las 21.30 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente.

Además, se modifican las zonas afectadas por las medidas contempladas en este decreto a instancia de los ayuntamientos afectados. Se mantiene la delimitación de las zonas afectadas de Palma y Sant Antoni de Portmany y se modifican las de Calvià y Llucmajor, a petición expresa de estos consistorios.

También queda prohibido para las embarcaciones con fiestas o eventos multitudinarios y venta de alcohol a bordo acercarse a menos de una milla náutica (1,852 km) de las zonas afectadas por este decreto, así como la recogida o desembarco de pasajeros dentro de estas zonas.

Cuatro millones de la ecotasa para cada uno de los municipios afectados

Asimismo, el decreto de turismo responsable incluye la reserva de un máximo de cuatro millones de euros anuales del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS), la antigua ecotasa, para cada uno de los municipios afectados: Palma, Calvià, Llucmajor y Sant Antoni de Portmany.

En total, 16 millones de euros anuales para la financiación de proyectos encaminados a la mejora de la inspección, seguridad y concienciación para un turismo responsable en las zonas determinadas y afectadas por este decreto, ha informado el Govern en un comunicado.

También se modifica la composición de la Comisión para el Fomento del Civismo en Zonas Turísticas para incluir a los consells insulars como miembros natos y dar cabida a una representación de los países emisores más afectados, al Instituto Balear de la Mujer (IBDONA) y representantes del tejido asociativo sectorial, sindical y empresarial. Además, se invitará a participar de esta comisión a la delegación del gobierno estatal.

El Govern insiste en que el cambio de nombre de este decreto viene motivado por la necesidad de poner en valor la idea del turismo responsable y que la anterior denominación -decreto contra el turismo de excesos- no favorecía la imagen de la principal industria de Baleares, el turismo, que representa más del 45% del PIB de la comunidad.

Por último, el periodo máximo de vigencia de este decreto ley es hasta el 31 de diciembre de 2027.

Satisfacción entre los hoteleros, restauradores y comerciantes

La Asociación de Hoteleros Playa de Palma (AHPP), Restauración CAEB, la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Baleares (Afedeco) y la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (Abone) han afirmado este viernes que la aprobación del nuevo decreto del Govern «ahora sí refuerza el control y la regulación del turismo de excesos» en Playa de Palma.

En un comunicado conjunto, estas organizaciones empresariales han mostrado su satisfacción por la aprobación de la medida y han destacado tres aspectos claves, como que se mantenga a las 21.30 horas el cierre de los establecimientos comerciales que vendan bebidas alcohólicas, con lo que se evitan «situaciones no deseadas y molestias vecinales, como los botellones».

También se han referido a la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, una regulación «vital», ya que, según opinan, «limitar el consumo en la calle desalienta comportamientos indeseados y contribuye a mantener un entorno más seguro para los residentes y visitantes».

Asimismo, han apoyado que se destine el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a la mejora de la inspección, la seguridad y la concienciación para un turismo responsable. Una inversión que debería ir acompañada de una modernización de las infraestructuras y los servicios turísticos.