Armengol no descarta bajar impuestos antes de las elecciones cuando el PP se lo exige desde hace dos años

El Govern balear que preside la socialista Francina Armengol se muestra ahora dispuesto a estudiar una posible bajada de impuestos antes de las elecciones. La bajada de impuestos es una medida que viene exigiendo el PP desde hace dos añosa ante la gravedad de la situación económica que sufren los ciudadanos, primero como consecuencia del coronavirus y ahora por la elevada inflación.

Tanto el Govern como el PSOE habían contestado siempre al PP, que lidera Marga Prohens, que era imposible bajar impuestos y mantener los servicios públicos. Ahora, sin embargo, las circunstancias han cambiado y el Ejecutivo autonómico ya no descarta realizar reformas fiscales en los presupuestos del próximo año, cuando se celebran las elecciones autonómicas.

El incremento extraordinario de ingresos que ha propiciado, sobre todo, la compra venta de inmuebles de lujo sería uno de los motivos que conduce al Govern a plantearse la bajada de impuestos. El segundo motivo, y probablemente el más importante, es que 2023, cuando entraría en vigor la reforma fiscal, es año electoral.

En los primeros seis meses del año, el Govern ha recaudado 475 millones en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, son 162 millones más que el año anterior.

Este miércoles, el portavoz del PP, Toni Costa, ha vuelto a reclamar a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que permita a los populares “defender de una vez por todas en el Parlament la reforma fiscal que el Partido Popular entró en enero de 2022”. Costa se ha pronunciado de esta manera después de la junta de portavoces, en la que los grupos de izquierda han dejado en el aire la posibilidad de debatir la ley de los populares en el pleno extraordinario del próximo martes.

Antoni Costa ha calificado de «muy positivo» el aparente «cambio de postura» del Ejecutivo autonómico respecto a esta medida. «Hasta esta semana, el Govern se ha negado rotundamente a plantear ni tan siquiera una bajada de impuestos, pero ahora hemos visto que parecía que se abría la puerta a esta bajada», ha dicho ante los medios de comunicación.

Costa ha defendido que bajar impuestos es “absolutamente urgente y necesario”, señalando que “los ciudadanos están viviendo un incremento de precios como nunca se había visto en 40 años, un incremento de precios del 10%, que afecta a las rentas medias y bajas”. En este punto, ha recordado que la presidenta del Partido Popular en Balears, Marga Prohens, envió la semana pasada una carta a la presidenta del Govern, Francina Armengol, para que permita debatir la reforma fiscal.

“No hay excusas: la recaudación se ha disparado por la compra de vivienda por parte de no residentes, el principal beneficiario de la inflación son las administraciones y se cerró con superávit 2021”, ha defendido el portavoz de los populares, quien ha advertido “un cambio de actitud del Govern con el que parece que abre la puerta a bajar impuestos”.

En esta línea, Costa ha augurado que si no se aprueban algunas de las propuestas del Partido Popular “pensamos que al menos sí irán incluidas algunas en la ley de Presupuestos”. Por ello, el popular ha insistido en  reclamar a Armengol que “si acabará siendo así, que nos anticipemos ya bajando impuestos y no lo pospongamos más en el tiempo”.

Cabe recordar que el próximo martes, antes de la sesión plenaria, la Diputación Permanente debatirá si se incluye en el orden del día el proyecto de ley de reforma fiscal del PP.

La reforma fiscal del PP contempla ahorrar 200 millones en impuestos a los ciudadanos de Balears. En esta iniciativa el PP propone la supresión del impuesto de sucesión entre padres e hijos y entre cónyuges, lo que supone un coste para las arcas públicas de 60 millones de euros. Además, entre otras medidas, plantea anular la subida del impuesto de patrimonio aplicado en 2016 y poco a poco eliminar este tributo.

El PP balear que preside Marga Prohens también propone suprimir el impuesto de transmisiones patrimoniales en compra de primera vivienda para menores de 30 años. Y en el caso de menores de 35, familias monoparentales, familias numerosas y personas con discapacidad, reducirlo al 60%. También reclaman bajar el tramo autonómico del IRPF:  un 0,5% para rentas inferiores a 30.000 euros y un 0,25% para el resto.