El abogado, el asesor fiscal y empresarios bajo lupa por el ‘lobo cripto’ Sebastian Greenwood y su fortuna
El mayor estafador, fundador de OneCoin, está cumpliendo una condena de 20 años en una cárcel en EEUU

- Julio Bastida @juliobastidag
- Delegado en Baleares de OKDIARIO
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- Actualizado:
La investigación sobre la presunta ramificación balear del caso OneCoin ha situado en el centro del foco judicial a un abogado, un asesor fiscal y varios empresarios vinculados a operaciones societarias e inmobiliarias en Palma, dentro de una trama internacional que las autoridades relacionan con el denominado lobo de las criptomonedas, Sebastian Greenwood.
Según la investigación de la Policía Nacional, estos perfiles habrían desempeñado roles diferenciados dentro de un entramado económico que, siempre según los indicios analizados, habría facilitado la circulación y posible transformación de fondos de origen presuntamente ilícito a través de estructuras empresariales, cuentas bancarias y operaciones inmobiliarias en la isla.
El atestado señala que el abogado investigado habría actuado como pieza clave en la operativa financiera, interviniendo en la apertura de cuentas bancarias en entidades españolas por las que habrían circulado cantidades relevantes de dinero. Su papel, según los agentes, habría sido fundamental para dotar de apariencia legal a determinadas operaciones y canalizar movimientos económicos vinculados a sociedades relacionadas con el entorno de Greenwood.
Por su parte, el asesor fiscal con actividad en Palma habría tenido un rol destacado en el diseño de estructuras societarias y en la planificación fiscal de varias de las empresas bajo análisis. La investigación apunta a su intervención en operaciones inmobiliarias relevantes, entre ellas la adquisición de un inmueble en la calle Joan Miró, así como en la configuración de sociedades que habrían servido como vehículo para canalizar inversiones.
Junto a ellos, varios empresarios y administradores de sociedades habrían participado en la gestión de las compañías investigadas, asumiendo funciones de control, firma de documentación mercantil y toma de decisiones estratégicas. Los investigadores analizan ahora si determinadas actuaciones pudieron realizarse sin una correspondencia real con la actividad efectiva de las empresas o con la situación de los firmantes en el momento de los hechos.
Uno de los puntos más relevantes del caso es la identificación de una serie de posesiones inmobiliarias y activos en Mallorca vinculados a estas estructuras, que habrían sido adquiridos mediante mecanismos financieros bajo investigación. Entre ellos destaca un inmueble utilizado como oficina en la calle Joan Miró de Palma, que según la Policía presentaba una configuración híbrida entre despacho profesional y alojamiento, con accesos controlados, estancias compartimentadas y presencia de residentes.
Durante el registro de este inmueble, los agentes intervinieron abundante documentación física y digital, incluyendo más de un millar de archivos electrónicos, correos corporativos y dispositivos informáticos. Este material está siendo analizado para reconstruir el flujo de dinero, las relaciones entre sociedades y el posible uso de préstamos, ampliaciones de capital y operaciones cruzadas para justificar movimientos financieros.
La investigación apunta a un esquema en el que habrían intervenido sociedades interpuestas, préstamos sin intereses y transferencias de alto volumen, supuestamente utilizadas para dar apariencia de legalidad a fondos cuyo origen estaría siendo investigado en el marco internacional del caso OneCoin.
Sebastian Greenwood, conocido en el ámbito de las criptomonedas como una de las figuras centrales del proyecto, aparece vinculado a esta red de forma indirecta a través de estructuras empresariales y flujos económicos analizados por las autoridades. Su papel global dentro del caso, ya investigado en otros países, añade una dimensión internacional a la rama balear ahora bajo examen judicial.
La causa continúa abierta y en fase de instrucción, con varias líneas de investigación activas y el análisis detallado de la documentación intervenida. Los investigadores trabajan ahora en determinar el alcance real de la red, el grado de participación de cada uno de los perfiles implicados y el destino final de los fondos analizados en la operación.
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