Sevilla, ciudad sin ley: el PP denuncia una situación «límite» por la falta de policías

El PP de Sevilla ha mostrado su preocupación por la situación «límite» de inseguridad que están viviendo algunas barriadas de la capital, como la del Rocío o la de Santa Aurelia, cuyos vecinos denuncian unas condiciones de vida insostenibles por culpa de robos, trifulcas, drogas y okupas.

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular (PP), Beltrán Pérez, ha visitado este martes la barriada del Rocío para reunirse con unos vecinos que reclamaban ayuda urgentemente y que han recurrido a los populares tras la pasividad del socialista Espadas.

«Robos, peleas, tráfico de drogas y venta ilegal y consumo de alcohol hasta altas horas están provocando que los vecinos estén al límite. Los problemas de inseguridad se unen a los nefastos planes de limpieza de la zona», ha detallado Pérez en un comunicado, que destaca, además, que la suciedad «con la que amanecen esas calles es producto de haberse convertido en una ciudad sin ley por las noches».

El portavoz popular ha expresado su preocupación porque sean los vecinos quienes quieran «abandonar el barrio en el que llevan viviendo toda su vida porque no lo reconocen. Sevillanos que ponen a la venta sus pisos porque los que delinquen le están comiendo el terreno a los que quieren vivir en paz», ha explicado.

En este sentido, Pérez ha recordado que en Sevilla faltan 400 plazas de Policía Local y ha exigido al alcalde, el socialista Juan Espadas, que «se ponga a trabajar ya en la convocatoria de las 170 plazas que, a propuesta del Partido Popular, han sido promovidas en el pleno».

«Nos preocupa mucho que Espadas no haya captado la urgencia de un
problema que va a ir a peor en los próximos años, cuando, además, se vayan jubilando efectivos que no van a encontrar reemplazo», ha advertido Pérez, quien ha recordado que son «170 plazas adicionales a las ya convocadas, como reza en la moción apoyada por el gobierno municipal».

El portavoz popular ha señalado al respecto que «no nos gustaría
ver que Espadas manipula torticeramente el acuerdo como ya ha dejado caer su propio delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera», ha añadido.

Situación similar en Santa Aurelia

Beltrán Pérez visitó también el pasado domingo la barriada de Santa Aurelia y alertó a su vez del «incremento de la inseguridad» en esta zona de Sevilla, cuyos vecinos están «al límite y estudiando el inicio de movilizaciones ante la pasividad del gobierno socialista de Juan Espadas».

El líder del PP de Sevilla mantuvo un encuentro con una treintena de vecinos que le trasladaron «la preocupación en el barrio por el aumento de atracos en sus calles en los últimos meses». Además, sigue Pérez, «se están produciendo robos en domicilios e, incluso, okupaciones ilegales de viviendas, como ocurre en la calle Amor».

El portavoz popular alerta también de «constantes robos en vehículos y rotura de sus lunas para robar en su interior», así como de «aperturas violentas de los capós de los vehículos con la intención de robar las baterías».

«Dado que la gravedad de la situación ha ido en aumento, decidimos traer al pleno una moción para que, con carácter urgente, se reforzara a seguridad, entre otras medidas», pero «fue inadmitida», según ha lamentado Beltrán Pérez, quien ha opinado que el alcalde, Juan Espadas, «no considera urgente la situación que están atravesando los vecinos de Santa Aurelia, un barrio en el que no aparece ningún concejal del PSOE», según ha apostillado.

Del mismo modo, el PP denuncia la celebración, «cada día de la semana, de botellonas que erosionan la convivencia en el barrio, generan suciedad, venta de alcohol a deshoras y estupefacientes y, además, suponen un riesgo de contagio en la coyuntura actual de pandemia por las concentraciones que genera».

Por todo ello, desde el PP reclaman «una mayor presencia de agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía en el barrio de Santa Aurelia».

En esa línea, Beltrán Pérez ha subrayado que el Grupo Popular «lleva mucho tiempo insistiendo, además, en la necesidad de instalar cámaras de video-vigilancia en puntos conflictivos, con efectos disuasorios hacia el delincuente o vándalos y efecto positivo de seguridad y tranquilidad hacia los ciudadanos».

«Sin embargo, para el gobierno es más importante poner cámaras para multar vehículos en el centro que atender los problemas de inseguridad de los barrios», ha lamentado Pérez.