A juicio el ex alcalde socialista de Burguillos por ignorar un delito urbanístico de sus padres

El ex alcalde de Burguillos (Sevilla), el socialista Valentín López Fernández, se enfrenta a dos años y medio de prisión y 13 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación al no haber actuado ante una «irregularidad urbanística» en una parcela de sus padres, pese a tener total conocimiento de la denuncia y de los «serios indicios» de ilegalidad. El juicio arranca este próximo jueves en la Audiencia de Sevilla.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en noviembre de 2016, cuando el Ayuntamiento de Burguillos estaba gobernado por el acusado y la oposición la lideraba Domingo Delgado (PP), actual alcalde del municipio, este último «presentó una denuncia relativa a irregularidades urbanísticas en dos parcelas clasificadas como suelo no urbanizable y catalogadas como de especial protección» por el planeamiento urbano, «siendo propiedad una de ellas de los padres del alcalde» en aquel momento, el socialista Valentín López.

Delgado, como portavoz municipal del PP, reclamó «la correspondiente incoación de los oportunos expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística».

Intentó desviar la atención del técnico

El escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, considera que el entonces alcalde socialista de la localidad «tuvo en todo momento conocimiento de la denuncia y de los serios indicios de irregularidad en relación a los hechos», además de que estos «afectaban a sus progenitores». Pese a ello, «en ningún momento llegó a abstenerse en el conocimiento del asunto, tal y como hubiese procedido conforme a la Ley de Bases de Régimen Local».

La Fiscalía indica además que Valentín López «no llegó más que a solicitar un informe al arquitecto municipal, sin incoar expediente alguno». Dicho técnico informó «verbalmente» el mismo mes de noviembre de 2016 y por escrito en diciembre de 2018, confirmando en ambos casos «la irregularidad de lo construido».

Todo ello cuando, según el escrito de acusación, en febrero de 2017 y mayo de 2018, el entonces primer edil burguillero había instado a este técnico a «realizar con urgencia 30 informes pendientes», sin que en tales reclamaciones de informes figurase el caso en cuestión que afectaba a sus padres.

Requerimiento judicial

Fue en noviembre de 2018, según la Fiscalía, más de un mes antes del mencionado informe por escrito del arquitecto municipal, cuando el Ayuntamiento recibió un requerimiento del Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla «a fin de que informase sobre si se había cursado visita o incoado expediente administrativo alguno» sobre el asunto señalado por el PP.

Dado el caso, la Fiscalía considera que el entonces alcalde socialista, «pese a conocer la ilegalidad de lo construido y la relación de parentesco» con los afectados, no ordenó «expediente urbanístico alguno en orden a la investigación, sanción y establecimiento de la legalidad que procediese, pese al evidente mandato de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía».

No fue hasta el mencionado requerimiento judicial, señala la Fiscalía, cuando «se aperturó en sede municipal el primer y hasta aquel momento único expediente administrativo relativo a los hechos denunciados, expediente de mero trámite a la vista del requerimiento judicial y con mero carácter recopilatorio de las actuaciones».

Así las cosas, el Ministerio Público atisba un presunto delito de prevaricación, reclamando para el ex alcalde socialista de Burguillos dos años y medio de cárcel, una multa de 6.000 euros y 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El juicio fijado en su contra en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla está previsto que dé comienzo este jueves 9 de noviembre.