El informe Fedea da la razón a Moreno: Andalucía presenta una financiación 6 puntos inferior a la media

• David García de Lomana @lomanadavid
• Redactor en OKDIARIO Andalucía. Antes en COPE y MARCA Plus.
• • 04/10/2022 12:50
  • Actualizado: 04/10/2022 13:16

Andalucía figura entre las cuatro comunidades autónomas con una financiación del Estado por debajo de la media, según la actualización que ha publicado este lunes la Fundación de Estudios sobre Economía Aplicada (Fedea) en un informe.

Concretamente, la comunidad andaluza presentó en 2020 una financiación seis puntos inferior a la media, lo que no hace sino evidenciar el por qué de las continuas demandas del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien por activa y por pasiva ha reivindicado un fondo que compense la infrafinanciación de Andalucía.

El trabajo de Fedea señala que, además de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son las cuatro comunidades de régimen común que tienen un índice de financiación a competencias homogéneas por habitante ajustado por debajo de la media. Andalucía presentó en 2020 un índice ajustado del 94, Murcia del 92,2, Valencia del 93 y Castilla-La Mancha del 95,8.

Por encima de la media se sitúan Cantabria (116,9), La Rioja (111,7), Canarias (110,3), Extremadura (109,5), Baleares (109), Castilla y León (105,7), Asturias (103,3), Galicia (102,1), Cataluña (101,8), Madrid (101,2) y Aragón (101,1).

Déficit de financiación de 11.000 millones

La Junta de Andalucía envió este verano una carta a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, exigiendo la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para rediseñar la financiación autonómica que tanto daño hace a las arcas públicas andaluzas.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, reclamaba la creación de un fondo transitorio de compensación para paliar «la infrafinanciación que sufre la comunidad por parte del Gobierno y que responde a un modelo obsoleto y que no se adapta a las circunstancias reales ni necesidades de los andaluces».

Y es que Andalucía recibe entre 800 y 1.000 millones de euros menos al año de los que le corresponderían con un sistema de financiación autonómica equilibrado. Desde 2009, año en que el Gobierno de Rodríguez Zapatero aprobó el actual sistema de financiación autonómica -con el apoyo de ERC-, la comunidad acumula una pérdida de financiación de más de 11.000 millones.

En la década de 2009 a 2019, el déficit de financiación de Andalucía con respecto a la media de las comunidades autónomas asciende a 8.051 millones de euros, teniendo en cuenta el criterio de la «población ajustada», una ponderación en base a los niveles de envejecimiento de la población, dispersión, índice de universitarios…

A ello hay que sumar los 1.600 millones de euros perdidos en 2020 y 2021 por el reparto de la financiación autonómica (a razón de unos 800 millones anuales), y el perjuicio de 1.184 millones en el reparto de fondos Covid de 2020 y 2021 (al aplicar el criterio de PIB -13%- y no de población -18%-). Según estos datos, la deuda de del Gobierno de Sánchez con Andalucía aumenta a un ritmo de cuatro millones de euros al día.

Precisamente, la mejora del sistema de financiación autonómica fue una de las principales exigencias que Moreno trasladó a Pedro Sánchez en la reunión que ambos mantuvieron el pasado 29 de julio en Moncloa.

Las reivindicaciones de una financiación autonómica justa también llegan desde las regiones lideradas por el PSOE, como la Comunidad Valenciana. Su presidente, Ximo Puig, ya se reunión con Moreno en 2021 para tratar este asunto. Los presidentes denunciaron «importantes desequilibrios» en el actual sistema, considerando «necesaria» la adopción de medidas transitorias que «nivelen la financiación de las comunidades autónomas que resultan infrafinanciadas por el actual modelo».

No obstante, y pese a las evidencias, partidos andaluces de izquierdas como Podemos o IU acusan a la Junta de Juanma Moreno de exigir dinero al Gobierno de Sánchez sin motivo alguno. El informe de Fedea apunta en dirección contraria.