Con esa retórica inflamada pero barata que caracteriza a los títeres del momento, el presidente Sánchez ha afirmado que los presupuestos del Gobierno son muy progresistas y a la altura de los desafíos que enfrenta el país. Pablo Iglesias ha asegurado que marcan un antes y un después en la política económica, pues destierran la austeridad y promueven la justicia social.
Esta clase de desvaríos era lo menos que cabía esperar de dos tipos siniestros, expertos en la propaganda y acostumbrados a la añagaza, pero la que se ha confirmado sin duda como la peor acompañante del Consejo de Ministros ha sido la vicepresidenta Nadia Calviño, a la que la mayoría de ingenuos, ayuna de conocimientos científicos y regularmente desinformada por las televisiones sectarias, situaba como la garantía y el muro de contención de los derrotes heterodoxos y de las seguras extravagancias de sus compañeros de viaje.
Esta señora ha tenido la falta de vergüenza de declarar hace unos días que “la economía española está en una fase de reactivación”, cuando va camino de hundirse en el abismo. Peor aún, ha tenido las tragaderas de aceptar unos presupuestos absolutamente galácticos que parten de la base de que el PIB puede crecer el año que viene casi el 10% a pesar de que la pandemia está rebrotando, que su reguero de contagios ha obligado a la mayoría de las comunidades autónomas a decretar su cierre perimetral y a que en Alemania, en Francia o en Italia se hayan establecido toques de queda rigurosos suspendiendo completamente la actividad del sector de la hostelería y del conjunto de los servicios.
La hipótesis de que, en estas circunstancias extremas, Hacienda vaya a obtener en 2021 la mayor recaudación de la historia es sencillamente descabellada. Es un ejercicio de cinismo inaudito cuya única responsable es la señora Calviño, que por cierto no acudió a la presentación de los presupuestos de Sánchez y de Iglesias, pese a ser la responsable de la causa y nuestro principal interlocutor con Bruselas, y que ha dejado que sea la histérica ministra de Hacienda, la señora Montero -que sólo atiende lo que le diga el presidente y que carece del resorte natural para sonrojarse- la que haya corrido con la desagradable encomienda de anunciar unas cuentas públicas infames.
Aunque los números no saldrán jamás, el perjuicio que causarán a la economía las subidas de impuestos aprobadas será inmenso. El castigo a las multinacionales españolas, a las que se reduce sus bonificaciones precisamente por sus actividades en el extranjero, ataca las joyas de la corona que todavía tenemos. La decisión de rebajar la desgravación por los planes de pensiones privados es una ofensa en toda regla a las clases medias hasta ahora beneficiarias, y el aumento del Impuesto de la Renta para los supuestamente ricos es una invitación a marcharse a destinos menos hostiles -y los hay a cientos en estos momentos-, que es lo mismo que se puede apuntar sobre la decisión punitiva sobre las rentas del capital.
Todo el plan va en una dirección sorprendentemente contraria a la que están impulsando nuestros principales socios europeos. Sólo nos queda el hálito de esperanza de que cuando Bruselas tenga que juzgar este desarreglo el próximo 30 de noviembre la ofensa al sentido común no goce de impunidad.
En mayo de 2013, cuando el expresidente Zapatero no se tomaba la pastilla del sectarismo que le sigue acompañando hasta nuestros días, hizo unas famosas declaraciones al diario ‘El País’ en las que dijo que “bajar impuestos es de izquierdas”.
“Resulta increíble que en algún momento nuestras posiciones intelectuales hayan estado tan cerradas”, afirmó con dos cojones. Luego, poco antes de su cita con las urnas a finales de 2007, aseguró que si ganaba las elecciones eliminaría el Impuesto sobre el Patrimonio. Y cumplió su palabra. Viene bien recordar, ahora que Sánchez lo ha decidido subir, lo que entonces dijo el inefable Zapatero: » Es un tributo que recae sobre las clases medias pero no sobre las más altas, que encuentran fáciles mecanismos de elusión”.
Además, consideró que su supresión será un «estímulo para que en este país no se penalice el ahorro”. Y consideraba plenamente «justa» su eliminación, que permitía la «simplificación» del sistema fiscal y garantizaba la igualdad entre los españoles”. El entonces presidente recordó que era un tributo en vías de extinción en Europa (en la UE sólo está vigente en Francia). De hecho, algunas publicaciones como The Wall Street Journal calificaron la supresión como «la mejor idea propuesta» en materia económica del Gobierno.
Después Zapatero, ya tomando su pastilla diaria e ingresado en el sanatorio, reinstauró el impuesto, pero sus palabras siguen siendo válidas: el Impuesto de Patrimonio grava bienes que ya han sido objeto de tributación en la renta por los ingresos del trabajo y por los del capital, y esto provoca situaciones de profunda injusticia y distorsiones en el comportamiento de los agentes económicos, que cambiarán sus decisiones para no ser penalizados fiscalmente, sin apenas aportar una recaudación notoria o rédito económico alguno, salvo el que se apunte Iglesias para sostener la moral ante la menguante tropa con su obsesión enfermiza contra los ricos.
Pero si esta es una mala idea, la decisión de elevar el sueldo de los funcionarios y de revalorizar las pensiones en medio de la mayor depresión económica desde la Guerra Civil es puro terrorismo fiscal.
Cuando una nación padece la catástrofe que estamos viviendo, hasta el más ultraliberal del mundo estará de acuerdo en que el Estado debe sacar a pasear toda su artillería. El gasto público debe subir indefectiblemente, y lo va a hacer sin necesidad de voluntad política alguna, porque, ante el paro rampante, el subsidio de desempleo se va a multiplicar, y porque es oportuno que el sector público arrope a las empresas cuyo negocio amenaza quiebra por mor de las restricciones debidas a la pandemia.
También parece conveniente un aumento de la inversión estatal para avivar una demanda exangüe. Pero toda esta clase de gastos son transitorios -es verdad que la inversión pública exige luego costes recurrentes de sostenimiento-, y están ligados a la coyuntura diabólica en la que nos encontramos. Lo que es absolutamente inconveniente y rechazable es que el Gobierno profundice en su déficit estructural aumentando una serie de partidas de pagos públicos que se convertirán en permanentes, como es el caso de las subidas aprobadas para los funcionarios y los pensionistas, que son los únicos colectivos que no han sufrido la crisis. Dicho más claramente, los que han sido discriminados positivamente durante la epidemia, en el ejemplo más claro de injusticia social del que hay noticia desde hace décadas.
En los últimos doce meses, la ocupación ha disminuido en 807.000 personas en el sector privado -sin tener en cuenta los Ertes, que son una forma de paro futuro encubierto-, mientras el empleo en el sector público ha aumentado en casi 110.000 personas. Si al número de funcionarios en alza -que pasan con creces de los tres millones- sumamos los más de diez millones de pensionistas y añadimos los desempleados, que en los próximos meses van a rebasar los cuatro millones, tenemos el paisaje perfecto de una nación devastada a la que se aplica justo la cirugía equivocada: subir los impuestos a los que a duras penas pueden levantarla y elevar todavía más la cuenta corriente de los pasivos que viven de ellos.
Como tantas cosas en la vida, la economía se mueve por expectativas, y todos los mensajes que envía este Gobierno, avalados por la nefasta vicepresidenta Calviño, son negativos. Aunque los presupuestos del Estado están todavía lejos de ser aprobados, los anuncios nunca salen gratis. Las agencias de calificación de la deuda de España, de las que depende el precio que debemos afrontar para honrar nuestros compromisos obligatorios, seguro que han tomado buena nota y que se pronunciarán en consecuencia cuando llegue el momento.
La Comisión Europea debe manifestarse al respecto al próximo 30 de noviembre, y de ello dependerá que el Banco Central Europeo, que es el que ahora está anestesiando las economías del Continente con su barra libre de liquidez, continúe prestándonos asistencia en las mismas condiciones.
Nada es gratis en la vida. Si te has comprometido, como ha hecho el Gobierno español, a congelar el precio de los alquileres en unos meses, la respuesta inmediata de los propietarios ahora mismo será dejar de poner en el mercado sus pisos, una circunstancia que será trágica para las personas que quieren acceder a una vivienda.
Como la teoría de las expectativas racionales la conoce al dedillo la señora Calviño, como ella es la que va a tener la responsabilidad de lidiar con esta cochambre de cuentas públicas en Bruselas, es realmente insólito, a la par que ofensivo, que siga un minuto más en el Consejo de Ministros, salvo que la mirada glacial y venenosa de Sánchez haya paralizado en ella cualquier capacidad de reacción, habiéndola inducido una obediencia y un asentimiento perpetuo. De ser así, esto sólo revelaría lo que en justicia siempre ha sido la señora Calviño: un perfecto bluf.
