Un entrenador de fútbol se enfrenta a 84 años de cárcel por violar a tres menores en Barcelona

La Audiencia de Barcelona juzgará a partir del jueves a un entrenador de fútbol base por violar a tres menores, y abusar sexualmente de otro, que jugaban en sus equipos, además de abusar de otros dos que querían trabajar o acudían a discotecas que regentaba en localidades de la provincia de Barcelona entre 2007 y 2016.

El juicio se celebrará en la Sección 21 de la Audiencia y el acusado Eduard L.E. se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 84 años y medio de prisión por tres delitos continuados de agresión sexual, un delito continuado de abusos sexuales, dos delitos de abuso sexual a menores de 16 años –uno continuado–, un delito de abuso sexual y un delito de captación de menor para pornografía.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado actuó con cuatro menores de entre 13 y 14 años a los que entrenaba en dos equipos, entre 2007 y 2010, siguiendo un mismo patrón: se ganaba su confianza en los entrenamientos, les invitaba a comer, a jugar a la Playstation o a ver alguna película en su casa, y aprovechaba los momentos a solas para abusar de ellos.

La Fiscalía considera que el acusado se valía de la relación de confianza generada y de su autoridad como entrenador para cometer los delitos, y si los niños se negaban a sus peticiones les cogía del cuello, les empujaba, les daba collejas y les amenazaba con represalias como no dejarles jugar al fútbol.

El acusado violó a tres menores de su equipo y, cuando fue expulsado, entró posteriormente en otros dos clubes a entrenar y abusó sexualmente de uno de los anteriores y de otro menor.

Por otro lado, el procesado aprovechó que regentaba varias discotecas en los que se hacían galas de tarde para mayores de 14 años para contactar con un menor y llevarlo a su casa para abusar de él, y para obligar a otra joven de esa edad a mantener relaciones con él si quería trabajar en el local nocturno.

Además de la pena de prisión, el fiscal pide que se le inhabilite para ejercer cualquier profesión que conlleve un contacto regular y directo con menores hasta cinco años después de cumplir condena, la prohibición de contactar con las víctimas y que se las indemnice con 10.000 euros a cada una por el daño moral.