Vuelta a las andadas: laicismo anticristiano socialista

El 40° Congreso Federal del PSOE ha quedado como el de la unidad y cierre de filas, a fin de afrontar el calendario electoral que se avecina en el horizonte de los próximos veinte meses, con la triple convocatoria autonómica y municipal en mayo y la general seis meses después, en noviembre. Ello sin contar con el previo «calentamiento» de elecciones previsiblemente en Andalucía y Castilla y León. Pero sin ser noticia inmediata, a medida que se van conociendo las conclusiones de las ponencias debatidas comprobamos cuán «socialdemócrata» es el actual PSOE sanchista. En uno de los ámbitos más sensibles en España, como es el de las relaciones con la Iglesia católica, nos encontramos con un programa que parece copiado del PSOE del Frente Popular de 1936, de infausto recuerdo. Ahora le denominan «Estatuto de laicidad», aunque en realidad es de laicismo puro y duro. Se trata de eliminar todo atisbo de la religión católica en el espacio público, enumerando casuísticamente todos los ámbitos en los que esta presencia puede darse: «Servicios públicos de toda especie, Educación, Fuerzas Armadas, prisiones, ceremonias oficiales…».

Aunque se califica como de «Ley del siglo XXI, acorde con nuestra Constitución», la realidad es que eso no es lo que dice la Carta Magna. El Tribunal Constitucional lo ha establecido definiendo nuestra aconfesionalidad como una «laicidad positiva», promoviendo la cooperación de los poderes públicos, especialmente con la Iglesia Católica teniendo en cuenta las creencias mayoritarias de los españoles.

Por supuesto, ya afirman que esa nueva ley exige la reforma del Concordato  con la Santa Sede, que formalmente son cuatro Acuerdos con rango de Tratado internacional sobre asuntos jurídicos, de Educación y asuntos culturales, sobre las Fuerzas Armadas y sobre asuntos económicos. Todos ellos fueron negociados en paralelo a la Constitución, lo que da una idea de la importancia que se le otorgaba a la cuestión por parte de  nuestros constituyentes. Así, se firmaba en Roma el 3 de enero de 1979 por nuestro ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja y por el cardenal Villot, secretario de Estado de la Santa Sede, una semana después de aprobarse la CE y ser sancionada por el Rey el 27 de diciembre de 1978. Por cierto, son de agradecer los buenos oficios de Oreja para convencer de la conveniencia de firmar con rapidez, ante la  eventualidad de que en unas próximas elecciones —que se celebraron unos meses más tarde— no ganara la UCD y un triunfo de la izquierda malograra el trabajo realizado.

Los acuerdos fueron ratificados por las Cortes de la 1ª legislatura en un clima de consenso o, mejor, de «disenso pactado» entre la UCD y AP por un lado, y el PSOE y el PCE por el otro. Felipe González y Santiago Carrillo demostraron tener el sentido de Estado y de la responsabilidad que las circunstancias demandaban, y se cerró de una manera muy correcta un capítulo de la Historia de España que había provocado contiendas y revoluciones durante el siglo XIX, hasta culminar en la Guerra Civil, con la mayor persecución religiosa padecida por  la Iglesia Católica  en su bimilenaria Historia.

Ese sentido de la responsabilidad es el que brilla ahora por su ausencia en el actual Frente Popular del Gobierno, más cercano de lo razonable y deseable a su desdichado homónimo de febrero de 1936. Puede pensarse que estos gestos de rancio laicismo socialista son de cara a la galería para mantener debidamente pastoreadas a las filas que se desean «prietas, recias y marciales», como comentábamos al principio, ante tiempos «recios» como los actuales y los que se avecinan, de manera análoga a los gestos de hostilidad relativos a la Monarquía. Pero a tal parecer hay que objetar que la actual coalición gubernamental ha dado suficientes pruebas de inmadurez y radicalismo como para no atizar el fuego con estas manos. Aunque es cierto que la apostasía y creciente pérdida de fe son una realidad muy presente en Europa a la que no es ajena España, no lo es menos que nuestras raíces culturales e históricas son cristianas, y que el pueblo que olvida su historia corre el riesgo de repetirla.