¿Me va a tocar pagar otra vez por la campaña del ‘procés’?

Se gastaron sobre medio millar de millones en una campaña que tenía como objetivo arrebatarnos a la mitad de los catalanes nuestra ciudadanía y difamar a nuestro país por todo el orbe. Medio “billón” anglosajón. Casi tres “zendales” castizos, que diría Isabel Díaz Ayuso. Un fortunón. Salido alegremente de los bolsillos de paganos de todo el país y de catalanes cosidos a impuestos locales por todos lados. De todo eso, se les pide a los delincuentes un mero 1%. La delegada instructora del Tribunal de Cuentas, Esperanza García Moreno, lo ha calculado en 5,4 millones de euros. Y, claro, el Govern, si puede, va a emplear todas las artimañas. El patrimonio no se toca.

No serán los primeros delincuentes a los que se les exigen responsabilidades y garantías. Pero, ah, qué delincuentes: los dueños del cortijo catalán. Todos a correr. Y ya han tenido una idea: este martes aprobó el Govern un decreto-ley para que los 42 ex altos cargos que tuvieron responsabilidad en aquel festival no tengan que hacer frente con su patrimonio personal la fianza de que se les ha impuesto. ¿Va a funcionar? Muy complicado. Se va a crear un “Fondo Complementario de Riesgos”, dotado inicialmente con 10 millones de euros, que según los consellers de Economía y Presidencia, Jaume Giró y Laura Vilagrà, será «para afrontar las obligaciones legales que se reclamen a trabajadores públicos de la Generalitat en un proceso judicial o administrativo por acciones que hayan llevado a cabo desarrollando sus funciones y que no queden cubiertas por las pólizas de seguros de responsabilidad civil, patrimonial y contable que ya tiene suscritas» la Administración catalana.

Todo ello pisando huevos. El consejero de Economía explicaba que el Govern no se encargará directamente de pagar la fianza, y que la cobertura del fondo se mantendrá mientras no haya sentencia firme y no se hayan agotado “todas las vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales”. Que, si luego se confirma la existencia de responsabilidad contable o responsabilidad civil, todos esos ex cargos deberán devolver el dinero “con intereses” y gastos derivados.

El Tribunal de Cuentas dice que va a analizar “con lupa» este alambicado mecanismo que no han sabido explicar convincentemente. En la rueda de prensa que ofrecieron los consellers, el de economía, Jaume Giró, dijo al principio que «este dinero, que no es dinero sino para crear un aval y por lo tanto hay un dinero que sigue siendo titularidad de la Generalitat, saldrá del Instituto Catalán de Finanzas» . Pero el periodista del diario ABC, Daniel Tercero, preguntó sobre que «qué partidas de la Generalitat quedan bloqueadas» con esta medida y Giró no quiso insistir con lo del Instituto Catalán de Finanzas, dejando sin concretar de que partida saldría la pasta. Ya se ven inspeccionados también ellos por el Tribunal de Cuentas, lagarto lagarto. Giró comparó la actuación del Gobierno con una aseguradora que «lo que hace no es poner el dinero, es poner un aval». Y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, respondiendo a otro periodista, quiso subrayar que «la Generalitat no pierde ni un euro». Y, dejándolo aún más claro: «En ningún caso puede haber acusaciones de malversación de fondos públicos».

Los condenados por el Tribunal de Cuentas lo tienen crudo para que la Generalitat se haga cargo de las sanciones económicas porque ver escarmentar en cabeza ajena es muy didáctico. El Tribunal de Cuentas ya ha avanzado que, en caso de que una administración pública se haga cargo de los embargos, sería «fraude de ley». ¿El patrimonio no se toca? Yo aún no me lo creo.