Telefónica y el intervencionismo del Gobierno

A principios de septiembre de 2023, conocimos que Saudi Telecom (STC), controlada, en un 64% por el fondo soberano de Arabia Saudí, adquirió un 4,9% del capital de Telefónica, junto con otro 5% a través de derivados convertibles en acciones, que, de ejecutar dicha opción, le daría un 9,9% de presencia en el capital, potencial participación aquilatada para no llegar al tope del 10% que la legislación impulsada por el Gobierno en tiempos del coronavirus con el argumento de protección a las empresas españolas por haber perdido valor de capitalización en bolsa y estar baratas para la compra por terceros, que hoy sigue en vigor. Dicha operación sorprendió al máximo responsable de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, de viaje de trabajo en Estados Unidos, que tuvo que acortar para marchar a Arabia a entrevistarse con el nuevo accionista.

Entonces, se escucharon muchas voces solicitando una intervención del Gobierno en un asunto que es absolutamente privado. La acción de oro de los tiempos de la privatización expiró y si lo que se pretende es salvaguardar Telefónica como una empresa estratégica desde el punto de vista de la Defensa, la legislación aprobada citada anteriormente le deja al Gobierno margen para actuar.

La entrada de la SEPI en el capital de Telefónica para controlarlo fue una pésima noticia. Ahora vemos para qué quería el Gobierno entrar en Telefónica: para controlarla. El sector público no tiene más pericia para influir en la gestión que se sigue en la compañía y tampoco protege a los españoles con ello.

Ahora, con la destitución de Pallete y el nombramiento de Murtra queda clara la jugada del Gobierno dentro de su estrategia de control no sólo de las instituciones, sino de las grandes empresas. Su entrada en la compañía, como se sospechaba, no era, obviamente, para defender el interés público, sino para, con dinero público, es decir, de los contribuyentes, comprar una participación que le permitiese ejercer el control en la misma, dentro de la estrategia sanchista de invasión de instituciones y empresas. Es cierto que con Pallete el valor de la compañía se había resentido, pero el sector público no lo va a hacer mejor -y hay muchos ejemplos sobre las deficiencias del sector público en la gestión empresarial- y pone en riesgo la principal multinacional española, que puede iniciar su declive si sus decisiones empiezan a tomarse en función de las necesidades y directrices del Gobierno, ya sea mediante inversiones que no sean convenientes, bien sea mediante el adoctrinamiento a través de su plataforma televisiva.

Mala noticia fue la entrada del sector público de nuevo en Telefónica y peor lo es el nombramiento de una persona propuesta por el Gobierno, que arroja un futuro incierto sobre su evolución. Cabe recordar cómo era Telefónica cuando era un monopolio público. Surge, hace casi cien años, para llevar los servicios de telefonía fija -la única que había en aquel tiempo, lógicamente- a toda España, como empresa privada, aunque a lomos del hecho que constituía un monopolio natural de libro.

Posteriormente, en el franquismo, se nacionalizó y la propia compañía, con el paso de los años, no sabía competir desde su estructura pública. Era una empresa nacional, pequeña en comparación con sus homólogas internacionales, con poca productividad de su mano de obra y múltiples deficiencias técnicas, así como un retraso considerable en la prestación de los servicios de telefonía desde que se solicitaba una línea fija hasta que se instalaba.

En los años noventa del pasado siglo comenzó a modernizarse y se consiguió privatizar a finales de dicha década, junto con otras muchas empresas públicas. Desde entonces, y ya como empresa privada, Telefónica no ha dejado de crecer, compitiendo en el mercado, en el que lo ha hecho mejor que muchos de sus competidores, que le ha llevado a obtener importantes cuotas en distintos mercados internacionales, además de su dominio del mercado nacional, con fuerte presencia en el resto de Europa y en América. Ha ido creciendo tanto por crecimiento orgánico como inorgánico, aprovechando, en este último caso, compras de otras compañías en otros países. La excelencia en la gestión de la compañía durante mucho tiempo la llevó a ocupar esa posición de relevancia internacional.

Por tanto, no estaba mejor gestionada desde el sector público, sino mucho peor, y ese corsé monopolista impedía a los consumidores disfrutar de unos buenos servicios y a mejores precios. Por ello, volver ahora a tratar de que el accionista de control sea el sector público, nombrando a su presidente ejecutivo, es una involución que sólo puede perjudicar a la compañía, a sus clientes y al conjunto de la economía.