El TC: o la Constitución o la exigencia de Puigdemont

Se acerca la fecha para que el Pleno del Tribunal Constitucional se pronuncie acerca de los recursos planteados contra la ley de Amnistía, cuya entrada en vigor fue el 11 de junio del pasado año 2024. Al considerar que las comunidades autónomas están legitimadas para recurrirla por afectar a su «propio ámbito de autonomía», son nada menos que 12 las comunidades que lo han efectuado, todas ellas gobernadas por el PP, salvo Castilla-La Mancha por el PSOE. Además de ellos, hay que añadir el presentado por el PP, y la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es evidente la intensa controversia jurídica y política que rodea esta ley y que se superpone a la evidencia de que su existencia es una exigencia de Puigdemont a Sánchez para investirle presidente y mantenerle en el gobierno.

Es decir, que su motivación es un mero interés partidista por seguir en el poder por parte de Pedro Sánchez y el PSOE. No es esta una cuestión menor, dado que él y «su» partido se habían pronunciado reiteradamente en contra de dicha eventualidad por considerar que una ley de amnistía así no cabía en la Constitución. Los tan conocidos como frecuentes «cambios de opinión» de Sánchez —»casualmente» siempre coinciden con lo que conviene en cada momento a su interés personal y político— son la única razón de que la ley de Amnistía sea una realidad. Y que su protagonista reside en Waterloo como prófugo de la Justicia y al mando del Gobierno, en un degradante espectáculo de carencia absoluta de ética pública por parte del sanchismo, colocando a la democracia y al pueblo español en una indigna e inimaginable situación.

Resulta tan evidente que si el TC no declara que esa ley cabe en la Constitución, el sanchismo tiene los días contados en el gobierno, como que para ello cuentan con una composición del Tribunal a su medida, con magistrados que han sido altos cargos sanchistas, incluido nada menos que un exministro de Justicia entre ellos. Y un presidente que como Fiscal General del Estado con Zapatero en el gobierno, en 2006 y ante el debate sobre las negociaciones con ETA, proclamó su absoluta disponibilidad para adaptarse a la voluntad gubernamental con una frase histórica: «el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino». Y que dada la actualidad de la presencia del «fango» en el lenguaje político incorporado por Sánchez —tras sus cinco días de retiro para reflexionar si seguía o no residiendo en la Moncloa—, quizás sería más propio entender que las togas de los magistrados «progresistas» del TC no eludirán el contacto con el «fango» del camino.

El Derecho no pertenece al género de las disciplinas consideradas como ciencias exactas, con las matemáticas como referencia inexcusable, lo que otorga un margen a lo que se considera como su uso «alternativo». Que una extendida interpretación considera que es el «interpretar una norma legal en un sentido diferente al otorgado por el legislador». La «justicia alternativa» es una herramienta jurídica utilizada por regímenes políticos no propios de democracias parlamentarias occidentales como la española, por lo que sería demoledor que el garante de la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Carta Magna de 1978 lo utilizara para dar satisfacción a la necesidad de Sánchez de satisfacer la exigencia de Puigdemont.

Es importante respecto a la tramitación el debate en torno a la recusación de diversos miembros del Tribunal, incluido el propio Conde-Pumpido por anteriores vínculos con la ley sometida a debate. Así como el esperar a que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE dado que el fallo del TC debe ser congruente con el europeo, que sería el aplicable. En cualquier caso, si Conde-Pumpido se somete al interés de Sánchez, el precedente que sentaría significaría el final de una auténtica democracia en España. En el futuro, cualquier gobierno tendría en su mano amnistiar a quienes convengan a sus intereses. Por delitos políticos o económicos; de malversación o por cualquier otro. En un mes tendremos la respuesta, y ojalá nos equivoquemos. Por el bien de la democracia en España.