Siente a un inhabilitado a su mesa

La comparación de Pedro Sánchez con el protagonista de «El retrato de Dorian Gray» ha sido recurrente durante el último lustro, pero se confirma de nuevo, pero con una versión aún más inquietante.

La opinión pública asiste al singular proceso en el que el jefe de Gobierno se va consumiendo en su propia decrepitud política, al modo del personaje del lienzo de Oscar Wilde, mientras sus socios aparecen cada vez más frescos y lozanos.

Lo hemos visto en su reciente encuentro en La Moncloa con el líder de ERC, Oriol Junqueras. Un gesto que buscaba la definitiva rehabilitación de un condenado por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, al que Sánchez indultó como al resto de la elite golpista catalana y después obsequió con una amnistía de la que había renegado pocos meses antes.

El Supremo ha confirmado la pena de inhabilitación para Junqueras hasta 2031 por el segundo de los delitos después de rechazar que le pudiera beneficiar la rebaja de la consideración penal del robo de fondos públicos que Sánchez se sacó de la manga… de su manga ancha y pastelera ante la corrupción, no sólo la propia, que ya es inconmensurable, sino también la ajena cuando le conviene.

El hecho de que el Supremo confirmara que Junqueras había malversado dinero de los contribuyentes en su propio beneficio, para costear el circo partidista del referéndum ilegal de 2017 sin tenerlo que poner de su bolsillo, no ha arredrado a Sánchez a la hora de convertirlo en interlocutor para acordar su nueva arriada de pantalones ante sus socios golpistas, hasta los tobillos y más allá.

Al modo de aquella campaña navideña de Plácido, con el lema Siente a un pobre a su mesa, Sánchez terminó las pasadas fiestas con el eslogan Siente a un inhabilitado a su mesa para decidir con un delincuente malversador las migajas del roscón autonómico que el nuevo reparto de la financiación dejará sobre el mantel para los españoles del resto de las regiones.

En este caso, la versión de García Berlanga se retuerce hasta la náusea, pues es el condenado rico que cometió un delito, apoderándose del dinero de todos para cometer otro delito, el que acuerda con Sánchez llevarse la gran tajada de la nueva aportación estatal a la financiación autonómica.

La convivencia con el ilícito penal por parte del presidente de Gobierno no debería ya sorprender a nadie, visto que han sido encarcelados sus dos más estrechos colaboradores en el PSOE. Pero es que Sánchez ya ni disimula y es capaz de sentarse a hablar de caudales públicos con un tipo condenado por llevárselos crudos.

Mi buen amigo Pedro Muñoz Abrines, diputado popular en el Congreso, ha impartido estos días lecciones magistrales sobre esta materia, dejando en evidencia la maniobra por la que Sánchez busca prorrogar el alquiler de La Moncloa. La cosa es muy sencilla: con el acuerdo con ERC, Cataluña va a conseguir 600 euros adicionales por habitante, una aportación superior a la media, que es de 456 euros por persona.

Madrid recibirá 359 euros, viendo además que se reduce en casi dos puntos su financiación media. La sorpresa del roscón significa también que Cataluña reciba un 182% más que Extremadura, un 25% más que Aragón o un 3,2% más que Andalucía. Pura arbitrariedad y pura corrupción, porque el sanchismo se paga los favores políticos, como sus vicios, con el dinero de todos.

El curso imparable de la decadencia de Sánchez le conduce a la definitiva confluencia con sus socios: su retrato político, ajado, consumido y corrompido se parece cada vez más al alma de sus aliados. Son ya idénticos en su desprecio a las reglas de juego y a los principios en los que se fundan el Estado de derecho, la convivencia y la paz cívica.

Así, sentados frente a frente, no era fácil distinguir a Sánchez de Junqueras y viceversa, como tampoco resultaba sencillo distinguir quién de los dos intentaba blanquear más blanco al otro.

Lo que ambos proyectaban juntos es la inquietante coincidencia de su pulsión por el vértigo en ese borde del precipicio sobre el que advirtió la sentencia del Supremo contra los condenados por el «procés»: que este no fue «un simple desbordamiento de los límites del orden público», sino «un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones judiciales como fundamento de la convivencia en el marco constitucional».

Con su invitación a Junqueras a La Moncloa, como antes a la portavoz de Bildu en el Congreso, o con su segura próxima cita con el prófugo Puigdemont, Sánchez no está apostando por la «normalidad institucional» sino por institucionalizar la anormalidad, como es identificarse con quienes buscan destruir la convivencia entre los españoles socavando el sistema constitucional, como han pretendido siempre.

El atentado a los principios de solidaridad e igualdad entre los españoles perpetrado con el acuerdo con ERC sobre la financiación autonómica forma parte del «procés» que Sánchez busca extender a escala nacional.

La garantía de la paz pública pasa de forma inexorable por desactivar estas cargas de profundidad con las que, bajo el pretexto del reparto de los dineros de los contribuyentes, Sánchez y sus socios buscan hacer encallar la nación española.

Paso a paso, la meta es lograr que España sea una nación inviable y fallida de la que solo nos redimirán, según Sánchez y sus secuaces, las fantasías cantonales de ayer y hoy. Y esto no será todo, amigos.