Los servicios secretos no pueden ni deben ser McCarthy o Hoover
El estadounidense Joseph McCarthy ha quedado para la historia como símbolo de los excesos paranoicos en los que puede caer un Estado si utiliza los servicios secretos para el chantaje y la extorsión. El político republicano se hizo un hueco en el lado oscuro de la celebridad desde finales de la década de los 40 hasta mediados de los 50. En ese tiempo, utilizó los servicios de espionaje del entonces director del FBI, John Edgar Hoover, para perseguir y amedrentar a gran parte de la sociedad estadounidense por el mero hecho de expresarse en libertad. Una «caza de brujas” que tuvo su remedo en España 30 años después cuando el CESID utilizó sus ingentes medios técnicos y materiales para tratar de chantajear a Juan Carlos I. Las escuchas ilegales, al margen de perseguir a innumerables personalidades, encontraron en el monarca a su víctima más notoria.
Si en el primer capítulo desvelamos el pinchazo telefónico que sufrió en 1990, este jueves ven la luz las presiones recibidas para que cambiara su discurso de Navidad y así hacer caso omiso a la corrupción que protagonizaba el contexto político y social. El Gobierno socialista vivía un momento delicado en esa época. El caso Juan Guerra —juzgado por cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencia y otros tres delitos más— estaba en plena ebullición. De hecho, aquellas corruptelas vinculadas con el PSOE le costaron el puesto a su hermano Alfonso en enero de 1991, entonces vicepresidente del Ejecutivo. Una realidad que, lejos de ser reconocida y enmendada, trataron de soslayar eliminándola de la alocución navideña del Rey.
Un escándalo, incluso, para los más cercanos colaboradores del jefe del Estado y que tiene en la información que publica OKDIARIO su explicación: Moncloa, sirviéndose del CESID, había amenazado con airear sus asuntos íntimos si no adaptada el tradicional mensaje a las exigencias gubernamentales. Hechos así convierten cualquier democracia en una pseudodictadura. Si en un momento determinado hicieron eso con la máxima figura nacional, imaginen lo que podría sucederle a cualquier ciudadano. Afortunadamente, las leyes españolas han evolucionado y queremos pensar que hoy en día es imposible que el Centro Nacional de Inteligencia —antiguo CESID— se preste a este tipo de actividades. De otra manera, no podría sostenerse un Estado de derecho como el que nos cobija a todos los españoles.
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