Sánchez paga el apoyo de Junts atentando contra la libertad de empresa

Carles Puigdemont le ha perdonado la vida a Pedro Sánchez sobre la bocina, pero su decisión in extremis de no votar en contra de los decretos ley tiene contrapartidas: Junts ha arrancado al presidente el compromiso de reformar la ley de sociedades de capital, al objeto de forzar a las empresas que abandonaron Cataluña a que regresen. Junts aboga por imponer sanciones a quienes se nieguen y el Gobierno no aclara su postura pero, sin duda, estamos ante un acoso gravísimo al sector empresarial que quiebra de raíz la libertad de movimientos consagrada por la UE y nuestro marco constitucional: movimiento de capitales, de bienes, de personas y de empresas que, por tanto, tienen todo el derecho a ubicarse, en España y en la UE, donde mejor consideren. Avalar la propuesta separatista de sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña por la presión del independentismo es una aberración inconstitucional, pero premiar a las que retornen no deja de ser otro dislate superlativo, porque quiebra el principio más elemental de la competencia. Se mire por donde se mire y se coja por donde se coja, estamos ante una cesión de magnitudes gravísimas.

Parece claro que Pedro Sánchez está dispuesto a triturar derechos fundamentales, porque en su visión política lo único fundamental es su permanencia en el poder. Imponer sanciones a una empresa por abandonar el territorio catalán, como pretende el separatismo, es una violación flagrante de uno de los pilares fundamentales de la UE, pues su artículo 16 lo deja meridianamente claro, pero también lo es de nuestra Carta Magna, porque en su artículo 38 se consagra la libertad de empresa como un derecho básico. Si Pedro Sánchez avala la medida reclamada por Junts en el sentido de penalizar a las compañías que libremente decidieron en su día abandonar Cataluña, España iría en contra ya no sólo de su ordenamiento jurídico, sino del derecho de la Unión.