Sánchez, cómplice del separatismo en su plan de acoso al español

Dice el Gobierno de Pedro Sánchez que tiene «confianza plena» en que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a  la Generalitat de Cataluña a impartir un 25% de las clases en castellano, pero la intención de los separatistas socios del Gobierno socialcomunista -y ya han dado sobradas muestras de ello- es no cumplirla bajo ningún concepto. Hace una semana, el TSJC dio un ultimátum a la Generalitat para que cumpla con esta sentencia, instándole a que «en el plazo máximo de 15 días, dicte las instrucciones y establezca las garantías de control de las mismas que procedan a los efectos de que en el sistema educativo de Cataluña  todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».

El Gobierno de Sánchez tiene la obligación de que la Alta Inspección del Estado supervise el cumplimiento de la resolución judicial, pero el Ejecutivo ya ha anunciado que no entrará en las aulas para inspeccionar los más de 5.400 centros catalanes. Esto es, la Alta Inspección del Estado se convertirá en Nula Inspección del Estado, porque es metafísicamente imposible que se pueda inspeccionar sin poder inspeccionar. Lo del Gobierno de Sánchez es de traca y, en realidad, su papel es el de colaborador necesario en el delito de desobediencia a las resoluciones judiciales del Ejecutivo catalán.

El Gobierno reivindica que «son las respectivas Administraciones educativas autonómicas las que, en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo con sus respectivos estatutos de autonomía, establecen el equilibrio entre el derecho a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado y «el alcance» de su régimen de cooficialidad en la enseñanza».

Dicho de otro modo: que no va a hacer nada para obligar a que se cumpla la ley. Es más, está utilizando a la Abogacía del Estado para evitar la ejecución forzosa de la sentencia, alegando que la Generalitat ha puesto en marcha medidas para ejecutarla de forma voluntaria, algo que es una falsedad en toda regla.