Ridículo e inviable

Lo primero, señalar una obviedad. La Guerra Civil terminó el 1 de abril de 1939, es decir, hace más de 80 años. Todos sus protagonistas directos han fallecido y son de muy avanza edad los españoles que tuvieron la desgracia de vivir aquel espanto. Desde entonces han sucedido muchas cosas en España. Entre otras, una Transición hacia la democracia que universidades de todo el mundo estudian como éxito político y modelo de reconciliación cívica. A ello hemos de añadir un crecimiento económico y un desarrollo social que hace de nuestro país uno de los más prósperos y con mayor calidad de vida del planeta. Todos estos hechos a una parte nada desdeñable de la izquierda española parecen importarle muy poco, dado su permanente afán simbólico por vivir instalados en el fatídico año de 1936. Cabe señalar que el objetivo de ganar un conflicto en el que todos perdimos está de antemano condenado al fracaso, con la consiguiente carga de frustración que ello conlleva. Del pasado podemos aprender muchas lecciones, pero nunca lo cambiaremos, nos guste a no.

La Transición, en aras de esta reconciliación nacional, instauró un nuevo principio de legalidad que trazó un corte limpio con el pasado. Las leyes de amnistía de 1977 afectaron a todos los bandos, incluidos miembros de grupos terroristas. Iniciar ahora, ocho décadas después de finalizar el conflicto bélico, un proceso jurídico para indemnizar a los descendientes de las víctimas de sentencias o incautaciones franquistas tiene un notable aire de artificialidad. Sería algo así como si el Estado español pidiese al francés una indemnización por la invasión napoleónica, sólo que el proceso impulsado por Sánchez se desarrollaría dentro de nuestras propias fronteras. En el plano práctico es difícilmente calculable los costes que el Estado español, como sujeto jurídico a cargo de la responsabilidad patrimonial, tendría que afrontar.

Sospechamos que aquí subyace el propósito de organizar una suerte de política-espectáculo a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Da la impresión de que Pedro Sánchez está dispuesto a impulsar una medida que, si bien generaría enormes complicaciones desde el punto de vista jurídico y económico, a cambio significa una permanente campaña electoral, costeada por el erario público, a mayor gloria suya. Una conducta así –todo hay que decirlo– es muy del estilo de Sánchez y del neo-PSOE que está fundando. Tacticismo, electoralismo constante, política-espectáculo y renuncia a cualquier sentido de responsabilidad institucional. Todo, sacrificado en el altar de la permanencia y acumulación del poder.