Que la Fiscalía exhiba el mismo celo en el caso Monedero que en el caso Rubiales

La decisión de la Fiscalía del Área de Vigo de trasladar a la Fiscalía Provincial de Madrid una denuncia por encubrimiento en relación con el caso Monedero, presentada contra destacados miembros de Podemos como Irene Montero, Ione Belarra y Ángela Rodríguez Pam, entre otros, puede enmarcarse dentro del procedimiento habitual, pero si tenemos en cuenta que dicha denuncia cuenta con testimonios de militantes que describen comportamientos inadecuados dentro de la formación morada, por conocer los hechos pero no tomar medidas, habrá que convenir que lo razonable es que el Ministerio Público indague y recabe los testimonios de los denunciantes Ayme Román, Lola Sánchez Caldentey y Raquel Ogando, que figuran como principales testigos, aportando declaraciones sobre presuntos incidentes de acoso sexual protagonizados por Monedero, cofundador del partido morado.

En suma, que los denunciantes no tocan de oído, sino que aportan material probatorio bastante como para que la Fiscalía de Madrid investigue la posible existencia de un encubrimiento institucional. Y es que la Fiscalía de Vigo ha decidido inhibirse al considerar que es la Fiscalía Provincial de Madrid el órgano competente para conocer y tramitar la investigación. O sea, que en lugar de decretar el archivo de las actuaciones por considerar que el hecho denunciado no reviste el carácter de delito, da traslado de las diligencias a Madrid.  La denuncia contiene testimonios que describen diversos incidentes, desde encuentros incómodos hasta situaciones de presunto acoso sexual. Raquel Ogando, ex militante del partido, ha declarado que «varias mujeres habían denunciado internamente presuntos abusos» que fueron sistemáticamente silenciados. La denuncia solicita formalmente una serie de diligencias, incluyendo la recopilación de pruebas audiovisuales, declaraciones de testigos y una investigación exhaustiva de los hechos. Cabe esperar que la Fiscalía ponga tanto celo en el caso Monedero como en el caso Rubiales, porque no hay víctimas de primera o de segunda. En consecuencia, la denuncia de los militantes de Podemos no puede caer en saco roto.