Presunción de ignorancia

A ciertos políticos se les ve venir de lejos. Sobre todo, aquellos que se dedican a la cosa pública desde que hicieron la infame transición que va de chupar la teta materna a chupar la teta estatal sin solución de continuidad. El socialismo es eso, precisamente. Vivir del dinero de los demás hasta que se pueda, e incluso cuando ya no se puede. Uno escucha a las ministras de este Gobierno, las que pasaron y las que siguen, y la vergüenza ajena empieza a ser un impuesto más que sufrimos los ciudadanos y que tampoco desgrava. No hay día en la que el sanchismo no demuestre su falta de capacidad y competencia y quizás por eso, se afana en no desmerecer que las ministras están ahí por cuota iletrada y no méritos consumados. España constata que tiene los peores bueyes para el peor sembrado.
Dentro de los continuos males que aquejan a la nación, el peor de todos no es la palpable decadencia democrática y el consiguiente deterioro institucional y social, sino la carga moral de tener que aguantar a tanto representante lenguaraz que luce con orgullo su ignorancia cada vez que abre el pico. María Jesús Montero-Mentira es el epítome de ese cuadro que nos dibuja un país apático y abúlico en una realidad siniestra. Con su altivez habitual y ese movimiento constante y poco coordinado de mandíbula esquizofrénica, la chiqui socialista ejerce su soberbia ágrafa con cada tema que analiza, para soponcio del que escucha y asiente con la resignación del que espera algo más del que tiene los destinos de tu vida en sus manos.
El último episodio de estulticia intelectual y retórica protagonizado por la ministra Montero-Mentira se refiere a la sentencia del caso Dani Alves. Rodeada de plebeyos del aplauso aún más ignorantes que ella, en pleno mitin de palmeros, levanta el mentón y como hiena empachada de cafeína, grita a ese público apesebrado que la presunción de inocencia no puede estar por encima del testimonio de una mujer joven. Ovaciones consiguientes de la masa enloquecida, que no está acostumbrada a tamaño desplegable de locuacidad y sentido común. Se le olvidó decir a la inflamada número dos del Gobierno que la joven mujer a la que hay que creer siempre, diga lo que diga, debe ser de izquierdas, votar al PSOE y ser de las que va al 8M a lucir palmito y pancarta progre, que para eso está ahí.
Esas declaraciones confirman que la consabida persecución de la izquierda a los jueces tiene como objetivo que los deseos y convicciones de los políticos así se superpongan a las leyes y sentencias, que sólo serán aceptadas si convienen a la línea ideológica y autocrática del Gobierno. Y eso significa la demolición total del Estado de derecho, donde el poder judicial será sustituido por el tribunal popular y lo que dicta un Parlamento comprado y adulterado supondrá la confirmación de la dictadura en ciernes que Sánchez y los socialistas vienen pergeñando desde la impostura de censura que cometieron en 2018.
Cuando escuchamos a las Montero pelearnos con el diccionario y la lógica ya la ministra de Igualdad sienta cátedra de desconocimiento, me reafirmo en la reforma que necesitamos con urgencia implementar: la del examen de acceso a la política. Empieza a ser perentorio que, para ejercer cargo público y representación parlamentaria, sea exigible un currículum acorde a los cometidos y responsabilidades a desempeñar. Y quien no tenga un mínimo de formación, conocimientos, experiencia en gestión, capacidades probadas y recursos para no tener que depender del sueldo público, no puede dedicarse a estos menesteres.
Porque a la insensatez sabemos jugar todos. Y mañana, cualquier mujer joven podrá decir que Pedro Sánchez abusó de ella y, siguiendo los parámetros morales y verbales de la izquierda política, hay que creerle y por ende, Sánchez debe ir a prisión, sin juicio ni presunción de inocencia que valga. O si el testimonio siempre prevalece sobre la prueba, podemos afirmar, con la convicción por bandera, que María Jesús Montero-Mentira es una lianta contumaz, que cohabitó con políticos implicados en la trama que robó a los parados andaluces y que el dinero que saquea a los españoles cada mes lo tiene a buen recaudo en paraísos fiscales. La carga de la prueba, como de la ignorancia, la tiene ella. Sin presunción alguna, salvo la de la desfachatez.