El precio de la autonomía balear: 1.400 millones de euros

Comentaba en mi anterior artículo (https://okdiario.com/opinion/estado-autonomico-entredicho-11264663) que, según los últimos datos de Eurostat, el gasto en personal sobre el total de los gastos del Estado español es el más elevado de la zona Euro, lo que hace del Estado español el más caro y, por consiguiente, el más ineficiente de Europa. La principal razón de semejante ineficiencia apunta directamente al derroche en personal de las comunidades autónomas. No en vano, casi el 50% de los presupuestos generales de las autonomías se dedica a gasto de personal y gasto corriente de bienes y servicios.

En el libro El precio de las autonomías. 88.000 millones de despilfarro de José Ramón Riera y Gustavo Morales se analizan varias propuestas de ahorro para las 17 autonomías españolas que de aplicarse nos llevarían a ahorrar la friolera de 88.000 millones de euros, datos de 2020. Esta pesada losa, 88.000 millones de euros, es el precio que pagamos los españoles en 2020 «por la carencia de voluntad política de armonizar los costes a nivel nacional». El resto es el coste por los servicios que recibimos de las autonomías donde residimos.

Aunque haya sobrados motivos para hacerlo, en su estudio Riera y Morales no cuestionan el Estado de las Autonomías ni tampoco su desarrollo de las últimas cuatro décadas. Otros estudios similares han tratado de cuantificar los sobrecostes «excesivos e innecesarios», a veces ridículos, del gasto autonómico. No es este el enfoque que toman los dos autores, que simplemente aplican el criterio de las mejores prácticas posibles para estimar el ahorro global, si todas autonomías se gestionaran como la más óptima de todas ellas en tres parámetros concretos: la ratio de habitantes por empleado público, el coste autonómico por habitante y la eliminación de los empleados públicos que aparecen en las estadísticas bajo el epígrafe de «Otros», unos empleados que no son ni contratados laborales ni funcionarios con oposición. En «Otros» se incluyen los trabajadores interinos y eventuales que a menudo son colocados a dedo por los políticos de turno.

Las siguientes propuestas de ahorro se pueden aplicar individual o conjuntamente. El estudio de Riera y Morales abarca dos años, 2019 y 2020. En lo que sigue sólo voy a tener en cuenta los datos correspondientes a 2020.

Primera propuesta de ahorro: ratio de habitantes por empleado público

La primera medida de ahorro que proponen Riera y Morales es medir cada autonomía en base a la mejor (mayor) ratio de habitantes por empleado público de todas ellas, lo que mide la productividad de cada empleado público. A mayor ratio, mayor productividad y viceversa. De todas las comunidades, la mejor (o la más productiva) es Cataluña, que tiene 43 habitantes por cada empleado público. Baleares no anda lejos de este máximo puesto que cada empleado público atiende a 42 habitantes. Si quisiéramos llegar a la excelencia y aumentar esta ratio hasta los 43 habitantes/empleado público para ponernos a la altura de la mejor práctica posible (Cataluña), en las Islas tendríamos que reducir la plantilla autonómica en 658 empleados públicos. Esta reducción de personal asimismo conllevaría la concomitante rebaja de gasto corriente, lo que supondría para las Islas un ahorro total de gasto en personal más gasto corriente de 56 millones de euros. De aplicarse esta primera medida de ahorro, el Estado autonómico se ahorraría 18.544 millones de euros.

Segunda propuesta de ahorro: coste por habitante

La segunda medida de ahorro que proponen Riera y Morales es medir cada autonomía en base al mejor (menor) coste por habitante que sale de dividir el gasto total de una autonomía por su número de habitantes. Entre todas las autonomías la mejor de ellas es la comunidad de Madrid con sólo 2.784 €/habitante. La peor (la más cara) es la comunidad de Navarra con un gasto de 5.944 €/habitante. Baleares está en el medio, con 3.260 €/habitante. Si nuestras islas gastaran al mismo nivel de Madrid que es la que menor coste por habitante tiene, nos ahorraríamos la friolera de 559 millones de euros. Con esta segunda medida de ahorro, el Estado autonómico en su conjunto se ahorraría 33.713 millones de euros.

Tercera propuesta de ahorro: eliminación de los empleados públicos contratados en la categoría de ‘Otros’

La tercera medida de ahorro que proponen Riera y Morales es eliminar todos los empleados interinos y eventuales que estadísticamente se ocultan bajo la categoría de «Otros» y que, comúnmente, forman el grueso de lo que se ha venido en llamar el gasto político, la factura política o la grasa política de las autonomías. En 2020 en las Islas había 9.604 empleados públicos bajo el epígrafe de «Otros» de un total de 27.836, entre ellos 17.275 funcionarios y 957 laborales. Además, esta eliminación comportaría una rebaja del gasto corriente asociado. Para que se hagan una idea del ahorro que supondría su eliminación, Cataluña se ahorraría 7.059 millones de euros, Madrid 4.274 millones de euros y Baleares 816 millones de euros. Sólo con esta propuesta de ahorro, el total de las 17 autonomías se ahorrarían un total de 35.061 millones de euros.

Resumen de las tres primeras medidas de ahorro: 88.000 millones de ahorro

Si aplicáramos las tres medidas de ahorro referidas más arriba llegamos a un ahorro total de 87.300 millones de euros. Para las Islas Baleares supondría un ahorro de 1.431 millones de euros.

Cuarta propuesta de ahorro: ahorro combinando la ratio de habitantes por empleado público y coste por habitante

La cuarta medida de ahorro propuesta por Riera y Morales combina dos de los parámetros anteriores: la ratio de habitantes por empleado público y el coste por habitante. Primero ajustamos los gastos con la reducción de empleados públicos (primera medida de ahorro) para alcanzar la mejor productividad (la de Cataluña, 43 habitantes por empleado público), recalculamos el coste por habitante para cada comunidad y finalmente aplicamos la limitación del gasto a la mejor de las comunidades. El nuevo menor coste por habitante corresponde a Murcia (2.265 €/habitante). El nuevo coste por habitante de Baleares, descontada la reducción de los 658 empleados públicos de la primera medida, es de 3.213 €/habitante. Si Baleares se pusiera al mismo nivel de coste por habitante de Murcia se ahorraría 682 millones de euros. El conjunto de las autonomías se ahorrarían la friolera de 38.692 millones de euros si todas ellas lograran alcanzar el mismo coste por habitante de la región de Murcia, el menor coste de todas ellas.

Quinta propuesta de ahorro: ahorro combinando la eliminación de los empleados públicos ‘Otros’ y el coste por habitante

La quinta medida de ahorro propuesta por Riera y Morales combina dos de las medidas anteriores: eliminar todos los empleados públicos contratados en la categoría de «Otros» y luego aplicar el menor coste por habitante. En este caso, recalculamos el nuevo coste por habitante para cada comunidad restándole al presupuesto original el coste de los empleados públicos bajo el epígrafe de «Otros», escogemos aquella comunidad de menor coste por habitante y recalculamos el ahorro de todas y cada una de las comunidades al menor coste posible. Tras eliminar todos los empleados públicos contratados en la categoría de «Otros», Murcia se convierte de nuevo en la mejor comunidad en términos del menor coste por habitante, 2.091 €/habitante. Si el resto se pusieran a su nivel, el Estado se ahorraría un total de 63.318 millones de euros. Baleares, por su parte, se ahorraría la friolera de 1.297 millones de euros.

No todas las autonomías se gestionan igual de bien

Las autonomías podrían aplicar cualquiera de las cinco medidas de ahorro propuestas. De acuerdo con esta simple metodología, aplicar las tres primeras medidas supondría un ahorro total de 87.300 millones de euros (1.431 millones para Baleares). Aplicar la cuarta medida de ahorro supondría un ahorro de 38.692 millones (682 millones para las Islas). Aplicar la quinta medida, mucho más drástica por cuanto supone echar a la calle a todos los empleados públicos contratados en la categoría de «Otros», es decir, interinos y eventuales, supondría un ahorro de 63.318 millones de euros (1.297 millones para Baleares).

Estos datos ponen de manifiesto que hay mucha diferencia entre las autonomías a la hora de gestionarlas. El ahorro del Estado autonómico sería sencillamente impresionante si todas ellas se comportaran como la más óptima de todas ellas en términos de habitantes por empleado público y coste por habitante, y si se eliminaran todos los empleados interinos y eventuales («Otros») sin oposición ni contrato laboral. El único criterio es adoptar las mejores prácticas posibles, una mera armonización (uniformización) de los gastos tomando como referencia la mejor de las comunidades.

Imagínense si a estos ahorros fabulosos empezáramos a meter el bisturí reduciendo, por ejemplo, el gasto que se pierde en redundancias y duplicidades entre administraciones y entre éstas y el sector público instrumental, aplicando economías de escala en las compras o promociones turísticas y culturales, o cerrando una parte de los organismos públicos repetidos por 17 como los institutos de estadística autonómicos. Por no hablar de los costes intangibles que suponen la dispersión regulatoria o la quiebra de la unidad de mercado.

Hay margen, muchísimo margen, para mejorar nuestras cuentas autonómicas reduciendo gasto antes que lloriquear por un mejor sistema de financiación que al fin y a la postre no supone otra cosa que esquilmarnos todavía más nuestra cuenta corriente. Se trata de un problema que han creado los políticos y que como tal deben solucionar los mismos que nos han metido en este pozo sin fondo.