Oportunidades de la geoeconomía del fuego 

Los grandes fuegos de quinta y sexta generación son muy difíciles de apagar, de hecho, prácticamente se apagan solos cuando ya no queda nada por devastar, dejando tras de sí un dolor, unos daños y un desastre paisajístico y medioambiental que tardará décadas en recomponerse, necesitando para ello grandes sumas de dinero.

El año 2026, será recordado en España por vivir la peor ola de incendios, muchos de ellos con una interfaz urbano-forestal, afectando hasta la fecha a 180.000 residentes y a cerca de 172.000 hectáreas arrasadas en Ávila, Madrid y Castellón.

Nuestro país ocupa una posición geográfica privilegiada en el mediterráneo occidental, caracterizada por un clima semiárido, un relieve montañoso, proximidad al continente africano con una exposición a los flujos atlánticos y subtropicales. Una configuración vulnerable que facilita los incendios forestales agravados por la combinación explosiva de las sequías prolongadas, las olas de calor y los vientos del levante o poniente que aceleran la propagación del fuego ya sea iniciado por una causa natural o humana.

Desde una perspectiva geoeconómica, los incendios no son solo unos eventos naturales o climáticos, son también disruptores de las cadenas de valor territoriales, afectando a la seguridad alimentaria, a la biodiversidad y a la estabilidad geopolítica. Países con vastos territorios forestales como Canadá, Rusia, Brasil, Australia y los EEUU se enfrentan a numerosos riesgos asimétricos como exportadores de commodities, madera, pulpa y minerales, asumiendo pérdidas directas e indirectas en su productividad, mientras los importadores dependen de la existencia de suministros estables.

Desde la óptica de la geoeconomía estratégica, los incendios además de representar un riesgo ambiental, son un gran desafío estratégico que afecta a nuestra soberanía territorial, a nuestra seguridad económica, a las cadenas de suministro y a la autonomía tecnológica.

En el mundo en el que vivimos, con evidentes interdependencias globales, España debe ser capaz de transformar su gran vulnerabilidad geográfica en esta materia medioambiental, en una ventaja competitiva, mediante el desarrollo de programas públicos y privados, encaminados a una prevención apoyada en la  tecnología, en el desarrollo de una capacidad autónoma de los recursos para la prevención y en la lucha contra el fuego, mejorando su gobernanza e integrando eficazmente nuestros niveles administrativos.

Nos enfrentamos a incendios de quinta generación, caracterizados por la simultaneidad de grandes fuegos con un interfaz urbano y forestal, y a los de sexta generación, desarrollados en una atmosfera más caliente e inestable impulsada por el cambio climático, y que liberan energía extrema con decenas de MW por metro de frente del fuego, generando su propia meteorología con pirocúmulos, vapor de agua convertido en gotas y piro cumulonimbos capaces de elevarse más de 10.000 metros que generan unas descargas eléctricas y unas fuertes turbulencias con vientos erráticos en avances superiores a los 30 km por hora. Este tipo de nuevos incendios devastadores, crean su propio sistema meteorológico y desbordan todas las capacidades tradicionales de extinción que nos habían funcionado durante las décadas pasadas en España.

Estos fenómenos atmosféricos tan radicales, son además impulsados por el abandono del territorio rural donde se da una gran acumulación de biomasa combustible que unida a los efectos de la sequía, colapsa a los tradicionales sistemas de emergencias y genera unas pérdidas económicas de millones de euros. Además, se produce la destrucción de nuestro capital natural, impactando en sectores clave como el turístico, agrícola y ganadero y de las explotaciones madereras. También afecta directamente a nuestra salud pública por el humo y las cenizas que se generan en los incendios. El presupuesto anual total dedicado a política forestal no llega a los 300 millones de euros, con una ejecución mínima del 20 % de los fondos de resiliencia europeos para su gestión en cuatro años y con ayudas para el cuidado del monte de 11 euros por hectárea y año. El coste es además geoestratégico, por la erosión de la soberanía sobre el territorio y la dependencia de los recursos externos.

Muchos expertos coinciden en afirmar que la regulación medioambiental actual impide a quienes viven en el campo y del campo poder obtener unos incentivos económicos reales que permitan contar con unos bosques cuidados como antaño, permitiéndoles además extraer la leña en invierno y que su ganado pueda comerse la maleza seca, que hoy bloquea numerosas sendas con su altura y que es un combustible aceleraste de los incendios. La explotación sostenible de la ingente biomasa de nuestros bosques, agrupando propietarios forestales y profesionalizando el sector permitiría la creación de un empleo estable en el ámbito rural, con más de 28 millones de hectáreas de bosques que generan 46 millones de metros cúbicos de biomasa de las que solo se aprovecha una mínima parte.

Nos enfrentamos a una burocracia ecológica diseñada desde los despachos de las grandes ciudades, que ha fomentado el abandono de los bosques por quienes realmente conocían el ecosistema. Los tienen rellenando formularios y pagando tasas por un trabajo preventivo imprescindible por el que deberían cobrarnos o al menos obtener estímulos fiscales.

El abandono rural desde mediados del siglo pasado ha convertido la mayoría de nuestros montes en reservorios de combustible, un hecho que se visto agravado por la despoblación en el interior, lo que llamamos la España vaciada.

Geoeconómicamente, en la actualidad España depende de las importaciones de la tecnología utilizada en la extinción de los incendios, como los hidroaviones y los helicópteros, de los que por cierto, se compraron 8 aparatos a la empresa rusa Kamov, que no pueden ser utilizados desde el ejercicio 2024 por el embargo de la Unión Europea. Nuestro país también depende del exterior para la adquisición de prototipos retardantes del kit apagafuegos que se ha probado en Burdeos, así como todo tipo de componentes electrónicos.

En lo que se refiere a nuestro envejecido parque de hidroaviones, con más de 40 años de antigüedad, de los catorce aparatos Canadair FOCA, en la actualidad solo están operativos ocho. El resto están sometidos a un mantenimiento que presenta numerosas incidencias técnicas o pendientes de recibir repuestos, dado que la empresa monopolística proveedora original, De Havilland Canadá, tiene serios problemas con su cadena de suministros. Bombardier cerró la cadena en el año 2015 y vendió los derechos, se perdieron competencias y desaparecieron proveedores. En esta ocasión hemos recibido el apoyo de seis aparatos procedentes de Italia, Grecia y Turquía.

En el lado positivo, nuestra ubicación mediterránea ofrece ventajas como una alta radiación solar para el uso de la energía renovable que alimenta a los sistemas autónomos, así como una gran biodiversidad para desarrollar unos modelos de restauración paisajista más resiliente, así como una buena posición en los corredores europeos para la colaboración en el ámbito tecnológico.

Una adecuada estrategia geoeconómica debería dar prioridad al hecho de conseguir más autonomía y poder reducir nuestra dependencia de terceros, generando ventajas competitivas. Mejorar nuestra soberanía tecnológica en el ámbito de la prevención, consiste por ejemplo en invertir en constelaciones de nanosatélites con una mayor integración en el sistema europeo Copernicus y en sistemas nacionales para la detección temprana del fuego, fijándonos en los casos de éxito de Grecia, OroraTech o FireSat, que demuestran que los satélites térmicos combinados con la Inteligencia Artificial detectan los fuegos en escasos minutos.

La industria española puede ser líder en el arco Mediterráneo, desarrollando sensores IoT locales, utilizando cámaras de vigilancia en torres eléctricas con IA algo que ya se hace en Francia y utilizando modelos de gemelos digitales de bosques que simulen la propagación de un incendio considerando nuestra orografía. En Grecia ya se utilizan los drones autónomos con 5G e inteligencia artificial con MasOrange o Huawei, lo que permite una vigilancia permanente en aquellas zonas remotas sin una dependencia constante de la conectividad.

Nuestra geografía montañosa, favorece la existencia de aclarados y cortafuegos permanentes para romper la continuidad del combustible, generando un empleo rural adicional para estas tareas, así como biomasa para su uso como una materia prima energética. Desarrollar una industria nacional de sistemas no tripulados de drones, tanto aéreos como terrestres, sistemas de sensores y software de IA del sector forestal posicionaría a nuestro país como un claro exportador de esta tecnología hacia Latinoamérica y el Norte de África, mercados con s problemas similares a los nuestros. La localización de España facilita la logística con los puertos para exportar dicha tecnología. Si además se produce una mayor integración con la Defensa, este sería un claro movimiento de fortalecimiento de nuestra autonomía estratégica.

Los principales casos prácticos a incorporar como mejores prácticas se encuentran en Australia y Canadá en lo que se refiere al modelado predictivo que España puede aplicar en el interior y en las múltiples sierras que hay en nuestro territorio, adaptado al paisaje mediterráneo.

En los EEUU, principalmente en California, tienen un código técnico que obliga a una construcción más resistente al fuego que podría ser asumida por nuestro país, sobre todo para el litoral y las urbanizaciones turísticas.

España puede liderar un hub mediterráneo de IA y drones con satélites dedicados, coordinando su esfuerzo con Grecia, Portugal e Italia. Debemos transformar los riesgos que estamos viviendo en oportunidades, para lo que se necesitaría una financiación sostenida.  El análisis coste beneficio demuestra que una adecuada prevención de incendios ahorra entre 5 y 10 veces el coste de la extinción de uno de los grandes. Apagar una hectárea en llamas supone 30.000 euros. También es clave mejorar nuestra gobernanza y coordinación multinivel, así como la equidad de las políticas públicas que apoyen expresamente a aquellas zonas interiores menos pobladas. La geografía mediterránea nos impone una actuación urgente que evite la erosión de nuestra soberanía económica, dado que es previsible un escenario donde se repitan los episodios que estamos viendo en la actualidad, con una extensión de los incendios de sexta generación en nuestro territorio.

Para España, la geoeconomía del fuego exige pasar del fracasado modelo actual, reactivo y dependiente, a otro que sea más proactivo y autónomo. Debemos aprovechar nuestra posición entre Europa, África y el Atlántico para liderar nuevas soluciones tecnológicas mediterráneas que mitiguen los riesgos, generando una mayor ventaja estratégica.

Implantar esta visión requiere una mayor inversión inmediata en I+D, adoptada tanto por el Estado como por las Comunidades Autónomas, con incentivos relevantes para el cuidado de bosques y la gestión del paisaje, transformando el fuego de la amenaza existencial actual en un futuro catalizador de nuestra soberanía. Para obtener la victoria frente a los incendios de quinta y sexta generación, necesitamos avanzar en la prevención predictiva basada en una autonomía tecnológica y no solo en incrementar el número de medios aéreos o de agentes forestales y bomberos.

Los países que logren integrar su geografía con la economía, con una adecuada regulación e incentivos, sumando una tecnología soberana, ganarán en resiliencia y ofrecerán una ventaja competitiva en un mundo con un creciente número de eventos climáticos de riesgo.

El objetivo final de este enfoque, no es solo proteger nuestras vidas y nuestro privilegiado ecosistema, sino también generar un valor económico estratégico.

Ignis semper occasio fuit ad mundum dominandum 

José Luis Moreno, economista ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Autor de Geoeconomía estratégica con ESIC