No tenéis el monopolio de los sentimientos

Mayo de 1974. Debate televisado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia. Valéry Giscard d’Estaing fulmina al socialista François Miterrand con una frase que se hará célebre: «Vous n’avez pas le monopole du coeur» («Usted no tiene el monopolio del corazón»). Un rayo dialéctico que resultará decisivo para inclinar la balanza electoral hacia el lado conservador.

Casi cincuenta años después, la candidata del Partido Popular a la investidura del Govern balear, Marga Prohens, se dispone a protagonizar un momento estelar parecido en la sede del parlamento balear. Prohens cuestiona a una atónita Francina Armengol su hipotética superioridad moral: «Es hora de que dejen de dividir a la sociedad entre buenos y malos, entre personas con valores y personas sin valores, es hora de que se den cuenta de que ustedes no son mejores que los demás, que sinceramente no tienen ningún argumento para mirar a nadie por encima del hombro. Ustedes no tienen ni más ni mejores valores que las personas que han optado por otras opciones políticas». La pretendida superioridad moral de la izquierda, admitida hasta entonces por los jerarcas del Partido Popular, es cuestionada por primera vez en las Islas.

A diferencia de VGE, Prohens no vencerá unas elecciones gracias a esta réplica porque ya llega al debate con las elecciones ganadas, pero esta es la sentencia, exactamente esta, que quiere oír la inmensa mayoría de sus votantes de los labios de alguien que les representa, acostumbrados al ninguneo y al insulto de una izquierda prepotente y al histórico desprecio de los representantes del PP a la forma de pensar de sus propios votantes.

Álvaro Delgado, en un excelente artículo en mallorcadiario.com, daba en el clavo al afirmar que incluso estando en el poder, el PP debe gobernar al gusto de la izquierda catalanista. Siempre al gusto de la izquierda que le dice qué líneas rojas, qué «consensos» pueden o no pueden traspasarse. Siempre al gusto de la izquierda que le dice qué personajes del PP son aceptables y cuáles no. Los cuadros del PP siempre han creído que deben pedir permiso a la izquierda, este ha sido siempre su sino, no vayan a disgustar a los medios de izquierdas y al establishment autonómico, amenazando, ¡vaya desvergüenza!, sus intereses creados y sus derechos adquiridos. A esta carta otorgada a la izquierda se suman incluso los asesores áulicos y los periodistas de cámara del PP que no cuestionan ni un solo mito ideológico de la izquierda. Se los han tragado todos. Nada de alternativas reales, como mucho una alternancia, a ser posible de cuatro añitos y sin tocar ninguna de las políticas de izquierdas que ponga en entredicho sus consensos intocables.

Al manifestarse tan a contracorriente de la tradición de su propio partido, la demoladora crítica de Prohens deja perpleja a Francina Armengol. La inquera, con su eterna sonrisa paternalista, sectaria como solo un nacionalista puede serlo y altanera y, por todo eso, ridícula a la vista de su vacío existencial y su superficialidad argumental, no da crédito al rapapolvo. Prohens desmonta en otro relámpago dialéctico los fundamentos inestables y maniqueos sobre los que se asienta todo el programa del partido socialista actual, un programa que consiste en enfrentar y dividir a los ciudadanos alineándolos en colectivos en una guerra de todos contra todos.

«Ustedes hablan siempre de colectivos -prosigue Prohens- , porque ustedes quieren colectivizar a todo el mundo, dividir a la sociedad en departamentos estancos, en categorías. (..) Ya está bien de dividir a la sociedad de todas las formas posibles, buscando el enfrentamiento. Hombres contra mujeres, homosexuales contra heteroxexuales, jóvenes contra mayores, castellanohablantes contra catalanohablantes, residentes contra turistas, los que tienen una casa en propiedad contra los que la alquilan, los que van en coche contra los que van en transporte público, los usuarios de la sanidad y la escuela pública contra los usuarios de la sanidad privada o la escuela concertada». Estas frases condensan, con toda lucidez, lo mollar del magro ideario del PSOE actual, aferrado a la tabla de salvación de la política grupal identitaria.

Armengol pide estos días el voto para las próximas elecciones generales del 23 de julio porque quiere salvar la memoria democrática, los derechos LGTBI y el feminismo de igualdad que es santo y seña de su partido, unas identidades colectivizadas que se pasaron de frenada desde que dejaron de exigir tolerancia, respeto y justicia para empezar a exigir más poder y más recursos para implantar su agenda ideológica desde las instituciones y seguir así sus élites viviendo del cuento de un rentable victimismo.

La socialista Amanda Fernández nos manda callar

Amanda Fernández, directora general hasta hace pocos días de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa a las órdenes de Martí March y diputada socialista en la cámara balear, ha publicado una carta en el digital arabalears.cat (https://www.arabalears.cat/opinio/insult-tota-comunitat-educativa-illes-balears-amanda-fernandez_129_4744540.html) en la que regaña a quienes tenemos la osadía de criticar la enseñanza estatal en Baleares. Fernández, aspirante a suceder a Martí March al frente de la Conselleria para cuyo sueño tendrá que esperar de momento un cuatrienio más, ha criticado la propuesta del pacto PP-Vox por ser «un modelo basado en el mérito, el esfuerzo, la capacidad y el respeto a los docentes, generador de oportunidades y libre de indoctrinamiento ideológico», tal como se explicita en un punto del acuerdo firmado por ambos partidos. Para Fernández, esta mera declaración de intenciones es «un insult a la feina dels docents de les Illes perquè el que s’està afirmant és que no estan educant bé, que estan reduint les oportunitats del seu alumnat i que l’adoctrinen».

La socialista trata de azuzar el enfrentamiento de los docentes contra el nuevo Govern, una estrategia irresponsable en quien ha ostentado un cargo público tan relevante como una dirección general y pretende ostentar otro aún más relevante como el de conseller. Los representantes sindicales, los partidos del sistema y la prensa paniaguada nos repiten sin cesar que la estatalización de la enseñanza es una «conquista social», otro dogma que repiten a todas horas. Lo cierto es que cada año que transcurre la enseñanza estatal es peor, de menor calidad, más conflictiva, en la que lo único que funciona a las mil maravillas es la conjura del silencio. El anatema es inmediato para quien se atreve a describir la realidad de la enseñanza estatal.

Lo demuestran todos los indicadores educativos por mucho que Martí March se haga trampas al solitario exigiendo la promoción automática con varios suspensos y bajando el listón para aumentar el número de aprobados y así maquillar las tasas de éxito en fracaso y abandono escolar. Ni siquiera las cifras maquilladas puede tapar otra realidad no menos inquietante: somos la región con menos alumnos sobresalientes. Desde la COVID-19 los estándares académicos han bajado estrepitosamente y siguen bajando con unos exámenes de selectividad que permiten que alumnos que habiéndose estudiado un 25% del temario puedan sacar nueves y dieces en algunas pruebas. Como ya han indicado algunas facultades de la universidad balear, el nivel académico del alumnado que llega de segundo de bachillerato no ha dejado de bajar año tras año. Pero Amanda y Martí March se felicitan a sí mismos por el trabajo realizado.

No es la primera vez que alguien nos acusa de «insultar a los profesores» cuando criticamos la enseñanza estatal. Es ya un clásico en Lluís Apesteguia, March o Armengol, siempre a la defensiva y reacios a la menor autocrítica a su joya de la corona. Puesto que todos la pagamos de nuestros bolsillos, la disfrutemos o no -mejor abstenerse de semejante placer aunque nos la regalen, dicho sea de paso- , la escuela estatal es una actividad sobre la que está justificado debatir y criticar, máxime cuando cada plaza pública (unos 6.000 euros anuales por plaza) cuesta el doble que una plaza concertada. Sin que tampoco la concertada esté para echar cohetes, la enseñanza estatal está destinada a ser peor y en consecuencia menos demandada que la concertada porque todo lo estatal, al margen del dinero que le inyectemos, tiende inexorablamente a su degradación, sobre todo cuando se decide excluir cualquier mecanismo de competencia y por lo tanto de mejora.

En efecto, Amanda, cuando no se educa bien y bajan los estándares, evitando las pruebas objetivas y externas para no quedar en entredicho, se pierde naturalmente la igualdad de oportunidades, sobre todo en quienes sólo tienen la escuela como único ascensor social. Un título devaluado es la antesala de un fracaso universitario, laboral y profesional. Es más, para la izquierda, a la vista de sus programas electorales, la escuela ya no representa un «ascensor» social sino un «igualador» social que debe acoger en la misma aula la «diversidad» en estado puro en nombre del dogma del inclusivismo que impide un aprendizaje eficiente y eficaz, sólo posible en grupos homogéneos. Sí, es cierto que una mala instrucción y formación redunda en una merma en la igualdad de oportunidades, al menos para quienes no tienen unos padres universitarios, unos padres formados que puedan dedicar tiempo a sus hijos o no puedan pagar clases particulares, un sector económico, por cierto, al alza sin que nuestros responsables educativos de ocho a tres se hayan preguntado el porqué. Para empezar, la enseñanza estatal debería desechar la jornada continua y apostar por la jornada partida, mañana y tarde, mirando más por las necesidades de los alumnos que por la comodidad de los docentes. Seguro que además muchas familias se lo agradecerían. Hay que poner a los alumnos en el centro, no a los profesores por mucho que protesten y se quejen.

En cuanto al adoctrinamiento, éste es manifiesto por mucho que Amanda lo pretenda ocultar. Desde libros de texto de Historia, Sociales y Catalán con un sesgo claramente anticapitalista y antioccidental, valorando con guante de seda las bondades bienitencionadas del comunismo y del multiculturalismo fracasados, como ha demostrado PLIS Educación y Sociedad Civil Balear en un informe pormenorizado, pasando por criterios transversales impartidos en todas las materias desde una perspectiva de género o climática, hasta asignaturas curriculares en segundo de bachillerato como el feminismo de género o la sociolingüística catalana, pura política feminista o nacionalista en vena. Por no hablar de una cuestionable educación afectivo-sexual, la última concesión al lobby LGTBI, o de centros vandalizados y pintarrajeados en los que predominan las soflamas separatistas y ultraizquierdistas. Del cacareado «espíritu crítico» del que alardean políticos y filósofos, éstos últimos cada vez más ideologizados en los consensos progres, nos encontramos ante otro mito.

Como me contaba un viejo profesor, a menudo este «espíritu crítico» con el que algunos se llenan la boca no significa otra cosa que el alumno acepte acríticamente la ideología política del profesor. Son las nuevas camadas, la mar de obedientes, que luego nutrirán las organizaciones juveniles de los partidos izquierdistas y separatistas o estas fábricas de resentimiento en que se han convertido las facultades de ciencias sociales.

Porque la santísima trinidad de la nueva escuela que nos propone Amanda Fernández ya no es el «esfuerzo, el mérito o la disciplina al profesor», considerada por las novedosas y siempre cambiantes vanguardias pedagógicas como un paradigma de éxito individual que está pasado de moda y que hay que erradicar de las aulas por otro modelo más equitativo, más inclusivo y más diverso. El objetivo de la nueva enseñanza que nos propone el PSOE y sus muletas es la DEI, acrónimo inglés que significa Diversidad, Igualdad e Inclusividad. El propósito de la DEI es la socialización de los alumnos sobre estas premisas dejando en un segundo plano la enseñanza de los contenidos académicos, hurtándoselos a aquellos alumnos que sólo los pueden aprender en las aulas. O en términos utilizados por Fernández, la educación actual es «una educación que trabaja la convivencia, la tolerancia, la riqueza de la diversidad, la defensa de los derechos y los valores». Pura filfa bienintencionada que, en el mejor de los casos, no significa nada ni lleva a ningún resultado de provecho, ni para el alumno ni para el propio profesor que ha dejado de sentirse profesor para convertirse a su pesar en un dinamizador de aula que se hunde en la tristeza al constatar que estudió una carrera para no enseñar apenas nada. El rosario de docentes en depresión y dispuestos a jubilarse a los sesenta años así lo atestigua.

Dice Fernández, en un alarde farisaico de lealtad institucional, que la LOMLOE es una ley orgánica de obligado cumplimiento, que no se puede dejar de aplicar así como así en las autonomías. Como si no nos acordáramos de aquella LOMCE, considerada «segregadora y elitista» para la izquierda, que fue paralizada sin más preámbulos por Martí March porque no era de su agrado.

Por último, falta a la verdad Fernández cuando dice que el alumnado sale preparado para desenvolverse en castellano y catalán a partir de un modelo basado en la ley de educación y en el decreto de mínimos, una ley de educación que, recordemos, excluye el español como lengua vehicular y cuyo proyecto lingüístico de centro se deja en manos de las buenas intenciones del director de cada centro, convirtiendo casi siempre el famoso decreto de mínimos de 1997 en uno de máximos. Me pregunto cómo se van a desenvolver en español si se excluye esta lengua en la enseñanza de la mayoría de asignaturas troncales. Sin que ello signifique tampoco que se desenvuelvan bien en catalán. No se pueden decir más mentiras en menos palabras.

No me extraña que ante este dantesco panorama que, por cierto, más allá de la cuestión lingüística apenas ha merecido concreción alguna en los acuerdos PP-Vox, algunos pidan la devolución de la competencia de Educación al Estado o a los cascos azules de la ONU. O pidan revulsivos para introducir algunos criterios de competencia como es el cheque escolar. Los alumnos de las clases sociales más humildes y necesitadas sólo pueden salir ganando de una derogación de las políticas educativas actuales. De persistir el sistema educativo actual que es lo que nos propone Amanda Fernández los vástagos de estas clases de las que todavía los socialistas reciben muchos votos seguirán abocadas al fracaso y a la inmovilidad social, eso sí, en nombre de la Inclusividad, la Igualdad y la Diversidad. Un triste consuelo.