Condenan a Estepona a pagar 1,2 millones por irregularidades urbanísticas en la etapa socialista

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Estepona (Málaga) a pagar 1,2 millones de euros más intereses por un convenio urbanístico ilegal firmado en 2005, cuando era alcalde el socialista Antonio Barrientos. El ex regidor ya fue condenado en noviembre de 2024 a cinco meses y siete días de suspensión de empleo y al pago de una multa de 40.000 euros por un delito continuado de cohecho pasivo en el caso Astapa.

Según precisa el consistorio en un comunicado remitido este lunes, la reciente sentencia del TSJA alude al convenio suscrito en 2005 con una empresa para el desarrollo de la finca Cortijo la Teja, acuerdo que requería una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y que «nunca se desarrolló al contravenir la ley urbanística vigente».

Las cantidades aportadas por la promotora (1.225.242,99 euros) a cambio de los aprovechamientos urbanísticos «fueron empleadas por el entonces gobierno socialista, como quedó demostrado en sentencias judiciales, para el pago de gastos corrientes, fundamentalmente el abono de las nóminas de los empleados municipales, vulnerando así la entonces Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)».

La mercantil comenzó a reclamar en 2017 al Ayuntamiento de Estepona la declaración de nulidad del convenio urbanístico suscrito con el consistorio el 5 de diciembre de 2005, así como del acuerdo adoptado por el Pleno municipal en su sesión del 20 de diciembre de ese mismo año, mediante el que se aprobaba el mismo.

El fallo del TSJA exige la restitución íntegra de las cantidades aportadas en su día –más los intereses legales– al entender que la corporación socialista incurrió en un «grave incumplimiento de los términos del convenio».

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado en 2006, ya impedía, como recoge la sentencia condenatoria, «un incremento del suelo urbanizable superior al 40% del suelo urbano ya existente, limitación que el ayuntamiento sobrepasaba» en ese año «al haber consignado una pluralidad de convenios urbanísticos». Sin embargo, y aunque ello ya impedía desarrollar el convenio en la finca Cortijo la Teja, la corporación socialista «nunca resolvió el convenio ni devolvió las cantidades reclamadas por las mercantiles».

El Ayuntamiento de Estepona, encabezado desde 2011 por José María García Urbano (PP), ha criticado que la «pésima gestión» del PSOE «sigue lastrando las arcas municipales». Según el gobierno local, a su llegada al consistorio Urbano se encontró con una deuda de 304 millones de euros, por lo que tuvo que crear «un fondo de previsión de sentencias desfavorables ante la cantidad de procesos por impagos en los que estaba inmerso» el ayuntamiento. «Del total, más de 30 millones correspondían a facturas impagadas a proveedores», añaden desde el gobierno municipal.

En lo relativo a los convenios urbanísticos firmados por los alcaldes del PSOE, que nunca se ejecutaron, «las cantidades aportadas por las empresas se destinaron al pago de gastos corrientes» en unos años en los que el consistorio «no podía pagar las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento», ni tan siquiera «el papel higiénico de las guarderías municipales», remarca el comunicado.

Urbano se enfrenta también a un juicio por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Estepona ve indicios de que el actual alcalde contrató en el Ayuntamiento a una amiga «íntima» que nunca desempeñó su labor. La mujer, que debía revisar la limpieza viaria, el mobiliario urbano y la iluminación, trabajó en el consistorio durante un mes y medio –entre febrero y marzo de 2023– y cobró 5.276 euros de dinero público.