Sánchez no ha aprobado ninguna de las 15 medidas anticorrupción que prometió tras el escándalo de Cerdán hace un año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cumplido este mes de julio un año desde que anunció en el Congreso de los Diputados un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción con 15 medidas, justo tras el estallido del caso que salpicó a su entonces secretario de organización, Santos Cerdán (PSOE), que acabó en prisión provisional. Un año después han estallado escándalos como el de amaño de contratos y obstrucción a la justicia en el caso de las cloacas del PSOE con Leire Díez y las comisiones de José Luis Rodríguez Zapatero de empresas varias, pero el Gobierno no muestra contundencia en la lucha contra la delincuencia de cargos públicos.

Doce meses después del escándalo de Cerdán, ninguna de esas medidas ha entrado plenamente en vigor. Lo máximo es que alguna ha avanzado hasta una fase de tramitación parlamentaria pero el PSOE no logra sacarlo adelante ya que hay dudas de que sean medidas efectivas.

Sánchez compareció el 9 de julio de 2025 en una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso. Lo hizo para dar explicaciones sobre el caso de corrupción que afectaba a los dos últimos secretarios de organización del PSOE. Aquel día pidió disculpas a la ciudadanía y aseguró que, como quien los nombró, asumía parte de responsabilidad, aunque insistió en que «no tirará la toalla».

El plan, elaborado con la colaboración de la OCDE, se articuló en torno a cinco ejes y contemplaba, entre otras cosas, la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública –que para muchas voces expertas es una duplicidad–, el endurecimiento de las penas contra la corrupción y el refuerzo de la protección a los denunciantes.

Sánchez lo calificó entonces como un plan que aportaría «el mayor impulso a la prevención, la lucha y la reparación de la corrupción» hecho en España en las últimas décadas.

Un plan estancado

La mayor parte de esas medidas dependen de la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), una norma que agrupa hasta diez de los quince compromisos anunciados por Sánchez. El anteproyecto llegó al Consejo de Ministros en primera vuelta el 17 de febrero de este año, presentado entonces por la ya ex vicepresidenta primera María Jesús Montero.

Desde el Gobierno aseguran que la ley irá «en breve» a segunda vuelta. Sin embargo, no será antes de septiembre, y al tratarse de una ley orgánica, necesitará después el respaldo de 176 diputados en el Congreso, una mayoría absoluta que, en el contexto político actual, no está garantizada antes de que acabe la legislatura.

Entre las medidas incluidas en esta ley figuran la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, la extensión de los mapas de riesgo a todos los fondos públicos, el uso de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público y la figura del decomiso administrativo, que permitiría embargar bienes vinculados a delitos sin necesidad de una condena previa.

En todo caso el plan cuenta con una gran contestación. Ha suscitado críticas de un amplio abanico de expertos y organizaciones de la sociedad civil.

Entidades especializadas en transparencia y lucha contra la corrupción han advertido que varios aspectos del texto podrían debilitar los mecanismos de control, la independencia institucional y las garantías del debido proceso.

Además, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo de la Codificación o, entre otros, el Consejo General del Notariado han cuestionado las reformas por considerar que reducen la seguridad jurídica, incrementan la burocracia y crean opacidad en las operaciones societarias.

A estas objeciones se han sumado juristas, académicos y especialistas en derecho público y mercantil, que han alertado sobre posibles efectos adversos para la prevención de la corrupción, la certeza jurídica y el funcionamiento del sistema institucional.

De las quince medidas, únicamente el Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés —conocida como ley de lobbies— se encuentra en una fase de tramitación avanzada.

El texto está en negociación en la Comisión de Reglamento del Congreso, con Junts como principal escollo, aunque no se descarta que llegue a votarse en el Pleno este mismo mes de julio. Precisamente como telón de fondo están las maniobras del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero para presuntamente impulsar el rescate de Plus Ultra.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, reclamó que se apruebe cuanto antes, después de rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Insistió en que se trata de una norma consensuada incluso con enmiendas del PP y lamentó que España vaya «detrás de otros países» por el bloqueo parlamentario.

Otras medidas han tenido avances parciales, aunque sin culminar. El Consejo de Ministros aprobó en octubre de 2025, en segunda vuelta, el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye la instrucción de los procesos penales a la Fiscalía, aunque su tramitación parlamentaria lleva meses sin moverse.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante, por su parte, ya funciona desde septiembre de 2025, aunque bajo un marco legal anterior al propio plan y con disposiciones pendientes de aprobación.

Sin avance alguno ha quedado la medida referida a la formación obligatoria en materia de integridad para los empleados públicos, una de las quince iniciativas anunciadas por Sánchez que no ha tenido ningún desarrollo posterior.

El propio presidente había defendido su plan en el Congreso como una hoja de ruta que permitiría «superar la crisis de la corrupción con hechos», con reformas estructurales llamadas a blindar las instituciones del Estado.

Doce meses después, sin embargo, la mayoría de esos hechos siguen reducidos a anteproyectos, borradores o promesas verbales, mientras la parsimonia con la que avanza la maquinaria legislativa contrasta con la urgencia que el propio Gobierno reconoció hace un año. Quince promesas, cero leyes en vigor y una pregunta que planea sobre Moncloa: ¿Cuánto puede tardar un plan «ambicioso» en dejar de ser sólo papeles?