Bolaños intenta parchear la nueva ley anticorrupción que los expertos creen que facilitará más casos como el de Cerdán

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido, a última hora, retocar el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública para permitir que convivan la escritura pública notarial y el documento privado electrónico en la venta de participaciones sociales.

Fuentes conocedoras de las negociaciones han explicado a OKDIARIO que el Ejecutivo busca así «contentar a los dos» sectores enfrentados por la reforma, aunque el resultado, según esas mismas fuentes, sería una legalización encubierta de operaciones opacas como las destapadas en la trama de Santos Cerdán. El secretario de Organización del PSOE tenía un acuerdo no elevado ante notario con el empresario Antxon Alonso que le permitía tener la mitad de los pingües  beneficios obtenidos por la compañía Servinabar en contratos públicos con grandes constructoras a cambio de contraprestaciones inexistentes o ridículas.

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños (PSOE), ha trabajado en las últimas semanas en una versión «remodelada» del texto tras la contundente presión de sectores como los notarios, los fiscales especialistas y, sobre todo, tras el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que alertaba de los riesgos de suprimir el control notarial.

Según las fuentes consultadas, la nueva fórmula plantea que el ciudadano pueda elegir libremente entre acudir al notario o formalizar la operación mediante documento privado presentado en el registrador mercantil. «Tú puedes elegir ser un corrupto o ser legal, ir al notario o al registrador», ha resumido gráficamente una de las fuentes conocedoras del proceso negociador.

Esa doble vía, sin embargo, no despeja las sospechas sobre el verdadero propósito de la reforma. «Quieren legalizar sus chapuzas, como lo de Cerdán», indican los expertos en referencia al caso que investiga la Guardia Civil y que ha provocado la caída del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Los notarios, principales afectados por el cambio original, han dado mucha guerra desde que se conoció el anteproyecto. Su presión, unida al aval del CGPJ al sistema notarial español —calificado por el GAFI (el Grupo de Acción Financiera Internacional) como «una medida de eficacia substancial» contra el blanqueo—, habría forzado al Gobierno a introducir el retoque de última hora.

El calendario de la reforma

El anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero de 2026 dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, incluye 84 medidas y modifica 18 leyes, seis de ellas orgánicas. Su pieza más polémica ha sido, hasta ahora, la reforma del artículo 106 de la Ley de Sociedades de Capital, que desde 1953 exige escritura pública para transmitir participaciones sociales.

El plan del Ministerio de Justicia: el texto se revisará «en agosto» y que no llegará al Congreso «hasta septiembre», ya con la versión remodelada incorporada, «porque así los notarios ya no tienen supuestamente para enfadarse tanto».

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya había presentado alegaciones al anteproyecto el pasado mes de mayo. El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, denunció entonces que la norma suponía «un salvoconducto para la corrupción de Sánchez» y advirtió de que el organismo anticorrupción centralizado que crea la ley funcionaría «como un apéndice más del Palacio de La Moncloa».

El aviso del CGPJ

El CGPJ ya había pedido, en un informe de mayo, que se reconsiderase la eliminación de la escritura pública. El órgano de gobierno de los jueces sostenía que el nuevo sistema, basado en un control posterior del registrador mercantil, tiene «un alcance e intensidad distinto al control presencial en sede notarial» y recomendaba que ambas figuras convivieran sin suprimir la notarial.

Las fuentes conocedoras de la negociación actual sostienen que ese aparente triunfo del notariado esconde, en realidad, la verdadera intención del Ejecutivo. Están tratando de despistar por la vía de «bueno, venga, ahora valen las dos vías», pero atacan ese servicio público que los notarios hacen a España en general y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Fiscalía, etc., en particular. Lo que realmente hacen es acabar con ese control actual.

El razonamiento de fondo es que, en el momento en el que la inmensa mayoría de la venta de participaciones no pase por notaría, la herramienta antiblanqueo del notariado quedaría vaciada de contenido, aunque formalmente siga existiendo. Aportaría información no veraz, incompleta, desactualizada.

El Gobierno presenta la convivencia de ambas vías como una concesión al notariado y a los jueces. Pero el objetivo final es que el documento privado electrónico termine absorbiendo la inmensa mayoría de las operaciones societarias. Y con eso la escritura pública corre el riesgo de convertirse en una reliquia decorativa: una puerta que sigue abierta en el papel mientras todo el tráfico real pasa por la ventana de al lado.

Sánchez quiere tener su supuesta ley anticorrupción en septiembre y queda por ver si España tendrá, además, una herramienta capaz de perseguir la corrupción o solo el envoltorio legal de una que ya no es funcional.

OKDIARIO ha contactado con el Ministerio de Justicia que, por ahora, declina hacer comentarios sobre este tema.