Los expertos alertan de que la nueva ley anticorrupción es «una cortina de humo, sería un retroceso de 30 años»

OKDIARIO ha celebrado una mesa redonda con motivo del evento La nueva ley anticorrupción, en el punto de mira, en el que han participado Eduardo Zamácola, presidente de ACOTEX, Javier Zaragoza, fiscal de sala del Tribunal Supremo, y Luis Mayorga, notario y decano de Castilla-La Mancha. Durante la tertulia, los ponentes han señalado que la nueva ley es «una cortina de humo» y que supone «un retroceso de 30 años».

El fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, conocido por su papel en el juicio del procés y en grandes operaciones como la Operación Nécora, ha abierto el debate con una reflexión que ha marcado el tono de toda la tertulia. A su juicio, el contexto en el que surge esta norma es suficientemente revelador: el Plan Estatal contra la Corrupción se aprueba en agosto de 2025, justo después de una cascada de escándalos que transmitieron a la ciudadanía la sensación de que la corrupción en España es «sistémica e institucional al más alto nivel». La conclusión del fiscal no ha dejado lugar a dudas: «Legislar a golpe de escándalo no es nada bueno. Mi impresión es que este proyecto debe valorarse como una cortina de humo que ha salido a la palestra precisamente para neutralizar el impacto de los escándalos en la opinión pública».

Zaragoza ha sido especialmente crítico con el relato oficial según el cual la ley «consolida políticas anticorrupción adoptadas desde 2018». El fiscal ha repasado una por una las normas invocadas en la exposición de motivos y ha concluido que ninguna ha supuesto un avance real en la lucha contra la corrupción.

Por su parte, Luis Mayorga, notario y decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, ha descrito con precisión el mecanismo por el que la ley destruiría el sistema español de prevención del blanqueo, considerado uno de los más avanzados del mundo. El GAFI, organismo internacional de referencia, lo ha puesto como modelo. El Gobierno, ha denunciado Mayorga, pretende eliminarlo sin consultar a sus propios operadores.»Nos llegó esta información por obra del Espíritu Santo, porque no hemos sido parte de la elaboración de esta ley. La tramitación se ha caracterizado por la opacidad. Esto no es opacidad, es subrepticio y clandestino», ha dicho.

El notario ha explicado que el sistema que la nueva ley pretende sustituir (la escritura pública notarial) actúa en tres fases fundamentales. En la precontractual, el notario detecta indicios de blanqueo antes de que se suscriba ningún documento. «Me cambian el precio, me cambian las condiciones esenciales, me cambian elementos que a mí me dicen que aquí hay tomate. Y si el tomate es muy relevante, como una cantidad de dinero importante que viene de un paraíso fiscal, tiene la obligación de abstención», ha señalado.

En la fase contractual, el notario ejerce funciones imposibles de delegar:
Verifica la identidad real, realiza el juicio de capacidad, protege a personas con limitaciones cognitivas o en situaciones de vulnerabilidad que, de otro modo, «firmarán por ellos». Y en la fase posterior, «la cocina», en palabras de Mayorga, digitaliza, parametriza y organiza todos los datos en un formato que permite a la Audiencia Nacional, la Fiscalía, la UCO o la Agencia Tributaria cruzar información de forma casi inmediata.

La alternativa que propone el Gobierno (documentos privados depositados en el Registro Mercantil) ha sido descrita por Mayorga como un sistema radicalmente inferior. «El registro no controla la capacidad, ni la identidad real, ni la procedencia del dinero, ni si la operación es lícita. Simplemente pone el sello previo pago. Esto es un barniz de legalidad a situaciones opacas, confusas, cuando no fraudulentas». El notario ha puesto el acento en varios precedentes internacionales: Polonia aplicó una reforma similar y a los cuatro o cinco años tuvo que revertirla como consecuencia del blanqueo producido por mafias rusas y bielorrusas. Bélgica vivió una experiencia análoga. Y Alemania en realidad exige escritura notarial constitutiva para la transmisión de participaciones sociales e impone la obligatoriedad de la inscripción registral.

Otro de los pilares de la ley anticorrupción, la creación de una Autoridad Independiente de Integridad Pública, ha generado igualmente un consenso crítico entre los participantes.

Zaragoza ha señalado la contradicción de fondo: si la autoridad es realmente independiente, su director no puede ser nombrado por el Ministerio de Hacienda con el respaldo de una simple mayoría parlamentaria. «Nombras a alguien de absoluta confianza y se lo dejas colocado para el gobierno que venga, que no lo puede cesar. El mandato es de seis años, supera una legislatura».

El fiscal ha advertido además de que la norma no establece ninguna cláusula de salvaguardia frente a las investigaciones judiciales en curso, a diferencia de todas las agencias autonómicas similares: «La agencia va a poder hacer investigaciones paralelas a las de la justicia. Eso hay que prohibirlo. Si la justicia interviene, la agencia no puede actuar. Y si la agencia tiene datos sobre prácticas corruptas, debe enviarlos de forma inmediata al juez o al fiscal competente. No se dice nada de esto».

Por su parte, Eduardo Zamácola, presidente de ACOTEX, que representa a centenares de empresas y decenas de miles de trabajadores del sector de la moda y el comercio minorista, ha reconocido que su primer contacto con la norma le generó desconcierto: la ley anticorrupción se presenta como una simplificación burocrática favorable a los empresarios. «Cuando te dicen que este gobierno está haciendo algo a favor de los empresarios, ahí es cuando dices que aquí pasa algo que no me estoy enterando, porque esto sí que no puede ser así», ha dicho.

Zamácola ha descrito la sensación que genera la notaría en el mundo de los negocios. «Cuando vas a un notario, no se te ocurre ni mentir si te preguntan si tienes novia. Si esa garantía va a desaparecer, me quedo muy preocupado», ha dicho el empresario, quien también ha avisado de que la inseguridad jurídica ya está frenando la inversión extranjera en España de manera significativa.