El Gobierno crea ahora un organismo para luchar contra el blanqueo tras la imputación por ese delito a Zapatero

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara la creación de un Consejo Nacional para la prevención del blanqueo, un organismo con participación del sector privado y público para establecer un «espacio de consulta» con el objetivo de «difundir buenas prácticas» que hagan frente a esta lacra. La puesta en marcha de este organismo llega en pleno escándalo por la imputación del expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del vicepresidente primero Carlos Cuerpo ha llevado el texto para crear este organismo al procedimiento de audiencia pública, un paso previo antes de aprobar una ley en la que se revisa el texto ya redactado por el Gobierno. Se trata, concretamente, de la orden por la que se crea este Consejo Nacional contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.

El Gobierno lo justifica en la «creciente complejidad de los flujos financieros, la digitalización de las economías y el carácter transnacional e híbrido de las amenazas». «Es imprescindible adoptar un enfoque integral basado en el riesgo que permita detectar y mitigar todos los riesgos que pueden impactar negativamente en el funcionamiento del sistema», subraya en su justificación de motivos.

Para lograrlo, desde el Gobierno llaman a una «actuación coordinada» entre las «partes involucradas», tanto públicas como privadas, para dar «una respuesta eficaz a los desafíos detectados».

Concretamente, se alude a que esta decisión proviene del Plan Estratégico Nacional de lucha contra el blanqueo de capitales que se aprobó recientemente. En su objetivo estratégico 5, recogía la creación de «grupos de trabajo entre las autoridades competentes y el sector privado» para «compartir información, tipologías de riesgo, operativas emergentes y buenas prácticas, para reforzar la detección temprana y facilitar el intercambio de inteligencia estratégica y operativa, de conformidad con la normativa vigente».

«Colaboración público-privada»

El nuevo Consejo Nacional antiblanqueo nace, según el Gobierno, como «vía de encuentro» para canalizar «colaboración público-privada de forma estructurada y permanente».

Más específicamente, la normativa recoge que el Consejo persigue: «Servir como espacio de consulta, diálogo estratégico, intercambio de información y coordinación operativa entre los sectores público y privado y facilitar la identificación de prioridades comunes, el análisis de las nuevas tipologías de riesgos, la difusión de buenas prácticas y el impulso de iniciativas conjuntas».

El articulado de la norma, aún en borrador, recoge que el Consejo se reunirá al menos una vez al año. Entre otras cosas, se encargará de elaborar y revisar el «análisis nacional de riesgos y de la estrategia nacional contra el blanqueo», así como «informes, guías y recomendaciones sobre los riesgos, amenazas y vulnerabilidades del sistema de prevención del blanqueo».

Dentro del organismo se establecerán «comisiones técnicas» para asegurar el «cumplimiento sectorial y especializado de las funciones que tiene asignadas», entre las que destaca el intercambio de información «operativa y estratégica».

Imputación de Zapatero

Esta orden llega apenas unas semanas después de que el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, le imputase por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el caso Plus Ultra. Esto es la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea tras la pandemia de Covid-19.

Además de este, Zapatero se enfrenta a otros delitos conexos que han ido emergiendo a medida que las investigaciones de la UDEF avanzaban. Las averiguaciones apuntan al cobro de comisiones ilegales y al lavado de esos fondos a través de personas y sociedades mercantiles de su entorno.

Además, ha sido imputado por contrabando y delito fiscal por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas durante el registro de su despacho en la madrileña calle Ferraz.