El mundo al revés en Alsasua

La población navarra de Alsasua se ha convertido en la sede del mundo al revés. De otra manera no se explica la reacción de repulsa que ha mostrado el Gobierno foral tras anunciarse que la Guardia Civil había detenido a ocho abertzales como posibles autores de la brutal paliza a los dos guardias civiles y sus respectivas parejas. La consejera de Presidencia, Justicia e Interior, María José Beaumont, ha afirmado que “no era necesario” para criticar después las acciones desarrolladas por la Audiencia Nacional. Una postura que sirve para descubrir esa pátina de abyecta ambigüedad que cubre muchas de las acciones desarrolladas por el Ejecutivo que preside Uxue Barkos, quien consintió que Beaumont, abogada propuesta por los proetarras de Bildu, se hiciera con el mando de una consejería tan sensible como la de Interior. Especialmente cuando las investigaciones de la Benemérita señalan que dos de los ocho arrestados —que serán defendidos por la abogada de ETA Amaia Izko— podrían estar detrás del Movimiento Ospa, que pretende expulsar a los agentes del País Vasco y Navarra.

Unos individuos que, haciendo de la violencia el idioma preponderante, quieren coartar la voluntad y la libertad de expresión en dos regiones españolas. Su guerra final no es contra la Guardia Civil, que ya de por sí es muy grave a tenor de los hechos de Alsasua, sino contra cualquier individuo que ose pensar por sí mismo y liberarse del yugo del terror y el miedo. De ahí que sea esencial la determinación de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para demostrar que la Constitución y el Código Penal son los garantes de la paz social en cualquier territorio de España. Por ahora, la Fiscalía pide prisión para seis de los ocho detenidos por la brutal agresión en la población navarra. Un episodio a erradicar en un país que ha de hacer de la tolerancia y el respeto las normas indiscutibles a pesar de que ciertos grupos de salvajes intenten resquebrajarla.