Marlaska, el ‘tumbapuertas’

La imagen de la Policía Nacional entrando en un piso madrileño donde se estaba celebrando una fiesta ilegal tras romper la puerta con un ariete ha desatado una enorme polémica. Que el comportamiento de los asistentes a la fiesta merece el reproche y la correspondiente sanción resulta indudable: por incumplir las normas sanitarias y por negarse a identificarse ante la Policía. Estaríamos, pues, ante dos conductas antijurídicas consideradas de menor gravedad y, en consecuencia, tipificadas como delitos leves. En esta circunstancia, que la Policía derribara la puerta de entrada del domicilio haciendo uso de la fuerza y accediera a su interior para proceder a la detención de las personas que se encontraban dentro es una violación de un derecho fundamental por entrar sin autorización judicial en una vivienda privada. Caso distinto sería si se estuviera cometiendo un delito grave y flagrante en su interior, lo que facultaría a los agentes a entrar en la vivienda. No era el caso.

La desproporción entre la comisión de dos delitos leves y la actuación policial es evidente. Si aceptáramos que negarse a identificarse ante la Policía o celebrar una fiesta ilegal -delito leve- fuera motivo suficiente para que la Policía entrara sin permiso judicial en una vivienda, se estaría dejando sin efecto el artículo 18 de la Constitución que establece la inviolabilidad del domicilio. Cierto es que quienes estaban de forma irresponsable celebrando una fiesta no eran los propietarios, pero el régimen de alquiler otorga al inquilino pleno derecho y dominio hasta el punto de que el dueño de la casa no podría entrar en la vivienda sin permiso de aquél. Lo ocurrido podría tratarse de un hecho aislado, pero OKDIARIO revela que se estaba generalizando la entrada en domicilios para acabar con las fiestas ilegales, hasta el punto de que el Ministerio de Interior ha dado marcha atrás ante la magnitud de la polémica y ha decidido que sea la Policía Municipal quien se ocupe de las fiestas ilegales. O sea, se lava las manos. No estaría de más, en cualquier caso, que ante la gravedad de lo ocurrido -la violación de un derecho fundamental- el ministro diera alguna explicación. Eso sí, que sea medianamente convincente.