En manos de Sánchez, esta ley es más peligrosa que un mono con navaja

En circunstancias normales, no habría nada que temer, pero con un Gobierno como este la nueva Ley de Seguridad Nacional que prepara Pedro Sánchez representa una amenaza, toda vez que la norma permitirá  al Ejecutivo movilizar a los españoles y expropiar bienes cuando estime que se produce una situación que pueda afectar a la Seguridad Nacional. Curiosamente, la ley guarda un inquietante paralelismo con la Ley de Seguridad de la Nación de Venezuela, aprobada en 2002 por el dictador Hugo Chávez y reformada en 2014 por Nicolás Maduro, pero siempre manteniendo sus bases intactas: la movilización y las «requisiciones» por el interés nacional.

Y es que el borrador de la ley no inspira demasiada tranquilidad, habida cuenta de cómo se las gasta este Gobierno en materia de libertades: «La actuación de la Seguridad Nacional, mediante la declaración por el presidente del Gobierno de una situación de interés para la Seguridad Nacional, permite integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas, e incluso aquéllos que estuvieran en mano de particulares, mediante el ejercicio de las potestades ordinarias previstas por el ordenamiento jurídico».

Lo más grave es que Sánchez se arroga la potestad única de decretar una situación de «interés» para la Seguridad Nacional mediante Real Decreto, sin necesidad de reunir previamente al Consejo de Seguridad Nacional ni tampoco al Congreso de los Diputados. Puede que haya quien defienda que la ley no es muy distinta de la que tienen países de nuestro entorno ante situaciones de extrema gravedad, pero la diferencia es que aquí el Gobierno tiene una proverbial tendencia a restringir derechos. Sin ir más lejos, los estados de alarma decretados durante la pandemia fueron declarados inconstitucionales por el TC, de modo que habrá que estar muy pendientes de cómo queda redactada definitivamente una ley que el Ejecutivo quiere tener lista cuanto antes.

Los puntos más destacados de la nueva ley son los que afectan a la movilización de los ciudadanos mayores de edad y a las expropiaciones. La redacción de la norma, a día de hoy, dice así: «En los casos de situación de interés para la Seguridad Nacional, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional o de la autoridad funcional sin derecho a indemnización por esta causa y al cumplimiento de las órdenes e instrucciones, generales o particulares, que aquellas establezcan». Y, como remate, esto: «Se podrá proceder a la requisa temporal de todo tipo e bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades». No negarán ustedes que una ley así en manos de este Gobierno es todo un acicate para salir corriendo.