Joan Ribó, un despilfarrador en autobombo

Mientras en Valencia la hostelería se desangra; mientras el comercio baja la persiana; mientras el turismo está en coma profundo; mientras las ayudas directas no llegan o son una tomadura de pelo, el alcalde comunista, Joan Ribó, del mismo partido que Mónica Oltra (sí, esa que repugnantemente no protegió a una menor objeto de los abusos sexuales de su entonces marido) lleva despilfarrados miles de euros en una vulneración flagrante de la ley: contratar en Internet publicidad electoralista fuera de época electoral.
El artículo 53 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral prohíbe la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales hasta el comienzo de la campaña electoral. Pero esta vez, el alcalde de Valencia y su partido, Compromís, se han pasado de listos y han gastado en menos de dos años 60.000 euros. La finalidad de los anuncios es lanzar consignas electoralistas y perseguir la captación de sufragios para las próximas elecciones.

En uno de esos anuncios se dice que llevan invertidos varios millones de euros tras el golpe del coronavirus; en otros se jactan de haber salido en auxilio de sectores económicos o de las personas. También emplea Ribó esas campañas de publicidad para atacar a la oposición y concretamente al Partido Popular.

Si todo ello fuera legal todos los políticos harían lo mismo y nos estarían dando la brasa constantemente con mensajes parecidos en nuestros perfiles de redes sociales. Ni Pablo Casado, ni el mismísimo Pedro Sánchez, ni siquiera el alcalde de Madrid o la alcaldesa comunista de Barcelona se han atrevido a traspasar el límite de la manera que lo ha hecho el alcalde de Valencia.

De acuerdo con la Ley Electoral, insisto, ningún candidato y ningún partido pueden contratar publicidad más allá de la campaña electoral. De hecho, la Junta Electoral Central ha sido muy clara en este sentido en varias de sus instrucciones dirigidas a las formaciones políticas y sus representantes.
Cualquier ciudadano puede entrar en la biblioteca de anuncios de Facebook y hacer las comprobaciones correspondientes de cada sigla política o líder político de España. Joan Ribó ha hecho lo que ningún presidente autonómico, líder nacional o alcalde de cualquier ciudad española han hecho. Pero a él le da igual lo que diga la ley si le sirve para su proyección personal.

Lleva pisoteando el artículo 53 de la Ley Electoral desde justo después de haberse celebrado las elecciones municipales en 2019, y no ha dejado de hacerlo ni siquiera durante la época del confinamiento generalizado de todos los españoles. Daba lo mismo, cualquier momento era bueno para el autobombo, y más si los españoles pasaban más tiempo conectados a las redes sociales que de costumbre dado que estábamos encerrados en nuestros domicilios por imperativo de Pedro Sánchez.

Hasta el momento él y su partido han sufragado por anunciarse en casi 500 campañas de propaganda y autobombo desde que acabaran las últimas elecciones de mayo de 2019. Todos sus mensajes de adanismo cutre, propio de los líderes supremos en los países comunistas, tienen la clara intención de influir en los ciudadanos para condicionar su voto con varios años vista de la siguiente cita electoral. Así, en los cuatro meses de este año, el alcalde valenciano de origen catalán ha costeado 35 campañas publicitarias y en el pasado año fueron cerca del centenar.

Que el alcalde de Valencia se dedique a dilapidar el dinero para su imagen personal, para alimentar su propio ego, no sólo es un insulto al escrupuloso respeto de la ley que debe imperar en el comportamiento de cualquier representante público sino que es más indigno, si cabe, cuando él como su ‘camarada’ Mónica Oltra se presentaron hace años a la opinión pública como adalides de la ejemplaridad política. La realidad ha demostrado que más bien son ejemplares de una especie en extinción en la política española: la de los políticos atrapados en su propias trampas.