Una instancia a la fiscal de Memoria Democrática

A la atención de la Sra. Dolores Delgado:
Me dirijo a usted en previsión de que en un futuro próximo se establezca bajo su jurisdicción la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática con el fin de solicitarle que, en su primera providencia, dicte instrucciones para investigar el asesinato de su predecesor en su antiguo cargo, don Marcelino Valentín Gamazo, Fiscal General de la República. Jurista de indiscutible prestigio, decano de los abogados del Estado, el Sr. Valentín Gamazo cumplió escrupulosamente con los deberes de su cargo en defensa de la legalidad constitucional republicana que tanto reivindica la nueva ley redactada sobre la materia.

Su actuación más célebre fue el sostenimiento de la acusación por rebelión militar contra el líder de UGT y el PSOE, el Sr. Francisco Largo
Caballero, a quien se señalaba como instigador y organizador del golpe armado que ambas formaciones socialistas ejecutaron en octubre de 1934
contra el gobierno democráticamente constituido, con el resultado de más de 1.500 muertos y cerca de 3.000 heridos.

A pesar de los hechos probados, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó a finales de 1935 sentencia absolutoria en relación con el delito de rebelión militar. Sin embargo, el Sr. Largo Caballero fue declarado autor de un delito de provocación a la rebelión militar por propugnar, según la sentencia, “la implantación del programa socialista mediante la conquista del poder político, incitando a la clase proletaria a apoderarse del mismo, bien valiéndose de medios legales o saliéndose de la legalidad si preciso fuera, acudiendo a la violencia o luchas en las calles y armando al pueblo” (“Ahora”, 1 de diciembre de 1935). El tribunal estimó, no obstante, que dicho delito era anterior al 14 de abril de 1934, por lo que estaba incluido en la Ley de Amnistía decretada el día 24 del mismo mes
(Ibidem).

Ante la sentencia, el Sr. Valentín Gamazo dimitió como Fiscal General de la República semanas más tarde. Al producirse el golpe militar del 17 de julio de 1936, se encontraba en la finca de su mujer, Narcisa Fernández Navarro de los Paños, en Rubielos Altos (Cuenca). El 5 de agosto irrumpió en ella una camioneta con una docena de milicianos socialistas que exigieron a don Marcelino, de 56 años, y a tres de sus hijos, José Antonio, Francisco Javier y Luis Gonzaga, de 21, 20 y 17 años, respectivamente, que marcharan con ellos para tomarles declaración en Albacete. El padre, seguro de que no había razón para acusarles de nada, ordenó a sus hijos que no opusieran resistencia.

Una vez detenidos, los milicianos socialistas los secuestraron, los torturaron y, finalmente, los asesinaron en un olivar. Empezaron por los hijos, del menor al mayor, para que su padre fuera testigo, y solo después mataron a don Marcelino. Se ha señalado que entre los milicianos había uno proveniente de Madrid con instrucciones para ejecutar la cruel venganza contra el que fuera Fiscal General por su acusación contra el Sr. Largo Caballero.

El Sr. Valentín Gamazo murió por la defensa de los valores democráticos. Excuso decir que reconocer a sus asesinos como ejemplo de luchadores por la libertad daría la exacta medida de la indignidad de la nueva ley en su intento de reescribir el pasado entre 1936 y 1983, como ya ha sido denunciado por historiadores y por políticos de distinto signo. Además, en este caso se da una llamativa paradoja: mientras el bando republicano asesinaba a quien sostuvo en defensa del orden constitucional republicano la acusación contra el Sr. Largo Caballero por el golpe armado de 1934, el régimen franquista, lejos de depurarlos o perseguirlos,
recompensaba a siete de los ocho magistrados del Supremo que absolvieron al líder socialista.

Así, el franquismo reconoció el derecho a jubilación por tener cumplida la edad para ello al presidente de la Sala, Manuel PérezRodríguez, así como al ponente de la sentencia absolutoria, Manuel Polo Pérez, y a los vocales Joaquín Lacambra Brum, Enrique Robles Nisarre y Onofre Sastre Olamendi. Anteriormente, Lacambra Brum había sido nombrado por el general Franco magistrado del Supremo, al igual que otro magistrado de la misma Sala, Rafael Rubio Freire-Duarte, que fue ascendido a presidente de la Sala Tercera. A otro de los magistrados, José Antón Oneca, si bien fue depurado en 1937 como catedrático de la Universidad de Salamanca, después se le concedió otra cátedra en la de Santiago. No tengo noticia de lo acaecido al magistrado restante: Vicente Crespo Franco.

Por todo ello, le formulo esta petición para que la futura Fiscalía de Sala de Memoria Democrática proceda a investigar en primer lugar el asesinato de su predecesor en su antiguo cargo, don Marcelino Valentín Gamazo, que fuera Fiscal General de la República, reconociendo su muerte en defensa de la libertad y la democracia, reconocimiento extensible a sus tres jóvenes hijos dado que sus verdugos, remedando el sistema penal soviético, les hicieron pagar también con su vida el noble compromiso por el que su padre entregó la suya.