Hacia la insostenibilidad de la deuda

Los datos del Banco de España han puesto de manifiesto que el año 2020 ha sido el año de la deuda y que el mandato del presidente Sánchez es el período en el que el endeudamiento más ha crecido, incluso antes de los efectos de la crisis derivada del coronavirus.

La deuda, tras una ligera corrección por vencimientos, afianza el nivel de los 1,3 billones de euros, de manera que llega a 1,35 billones. Es lógico que la deuda se mantenga en ese nivel, pues es consecuencia del déficit y mientras éste exista, la deuda aumentará, ya que el endeudamiento es el stock del flujo que resulta ser el saldo presupuestario. La única posibilidad que cabe es que el cociente no crezca, pero para ello debería aumentar más el PIB nominal que el endeudamiento, cosa que no ha sucedido en el dato final de 2020, pues el PIB nominal ha caído con fuerza, con lo que la deuda tiene un comportamiento todavía peor en términos relativos que en términos absolutos, ya pésimo de por sí.

Así, nuevamente, los datos de endeudamiento público, que recoge en sus publicaciones el Banco de España, muestran la tendencia de crecimiento exponencial que ha cobrado la deuda pública española desde que el presidente Sánchez accedió al Gobierno de la nación, tras la moción de censura al presidente Rajoy.

Parece haberse instalado en España la sensación de que el gasto no es un problema, sino que éste se soluciona con impuestos y si la recaudación de éstos no basta, se cubre con deuda. Los gestores políticos no se paran a pensar que la subida de impuestos genera distorsiones en la economía -y, además, cuando los suben lo hacen en los impuestos directos, que son los que más perjudican a la actividad económica y al empleo-. Tampoco quieren caer en la cuenta de que el endeudamiento tiene un límite, que estamos sobrepasando ya de manera muy importante. Nada los frena, pues sólo quieren prometer, en todos los ámbitos, más y más medidas que no nos podemos permitir por la sencilla razón de que el gasto que suponen no lo podemos pagar. Ahora, con el paraguas del BCE creen que tienen capacidad de endeudamiento infinita, pero se equivocan: la UE no dejará que el endeudamiento español sea un problema para la estabilidad de la zona euro, y antes de que eso suceda y tras expirar la concesión temporal de no cumplimiento del pacto de estabilidad, exigirán reformas, y si el Gobierno español no las acomete, la Comisión Europea terminará por imponer recortes en la economía española, que serán más duros que las reformas que podrían aprobarse de manera voluntaria.

Esa tendencia, que tiene su base en esa presión del gasto que es cada vez mayor en España, sitúa a la economía española en una posición compleja, pese a haberse levantado el veto sobre el presupuesto de la UE y los fondos reembolsables procedentes de Bruselas, ya que si los fondos tardan en recibirse y las iniciativas comienzan a ejecutarse con déficit y deuda, corremos el riesgo de que se aproveche para, después, no amortizar esa deuda provisional y ejecutar gastos adicionales.

No obstante, tanto la caída de la actividad como el incremento del gasto y, con él, del déficit y de la deuda, no puede atribuirse en exclusiva a la situación excepcional que se vive derivada del coronavirus. Es obvio que el impacto de la pandemia en la economía es notable, sobre todo porque el Gobierno decidió cerrar completamente la actividad económica por no haber tomado unas precauciones tempranas, como cerrar en enero las fronteras con China, y porque ahora ha abandonado por completo a la economía a su suerte. Ahora bien, antes de la enfermedad, la economía ya se ralentizaba de manera cada vez más intensa y el gasto no dejaba de crecer de forma rápida.

Por ejemplo y anteriormente a la enfermedad, con las medidas de los reales decretos de los viernes se comprometió gasto estructural por cerca de 10.000 millones de euros, en lugar de adoptar medidas de austeridad que hubiesen permitido tener una mayor capacidad de maniobra ante un retroceso económico, fuese uno como el presente o de menor intensidad, como se preveía.

La pequeña reducción del cociente de deuda sobre el PIB que se había producido hasta entonces, saltó por los aires. Con una deuda cercana al 100% del PIB pero que había logrado ir descendiendo gracias al impulso del crecimiento económico -pues la deuda en valores absolutos seguía aumentando, al mantenerse las cuentas públicas en déficit cada año- el Gobierno tomó la arriesgada decisión de expandir el gasto de manera temeraria.

Ahora vemos las consecuencias de ello: una deuda creciente, que ha pasado del 97,6% con el que cerró 2018, al 95,5% del cierre de 2019 y que ahora se eleva al 120% de diciembre de 2020, según los datos de deuda del Banco de España.

En dicho cociente, ya está comenzando a operar el efecto negativo tanto en el numerador como en el denominador, pues la deuda aumenta en 156.750 millones de euros entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 y el PIB se reduce en 123.074 millones de euros de 2019 a 2020.

Todo ello, nos lleva a que desde que gobiernan Sánchez -con el apoyo de Iglesias- la deuda se ha incrementado en 188.233 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo de diez trimestres de mandato el incremento se aproxima ya a los 190.000 millones de euros. Es cierto que un incremento importante se debe a la sectorización de la SAREB, que antes o computaba a efectos de las normas de estabilidad presupuestaria en el sector público, pero eso nos da una idea de los problemas que pueden ocasionarse si se gasta sin tener en cuenta todas las consecuencias que pueden ocasionarse, y ésta, la de la reclasificación de empresas fuera del perímetro de consolidación del sector público, es una de ellas.

Eso ha llevado a que la deuda crezca en casi 4.000 euros por persona (3.977), que implica un aumento diario de la deuda de casi 200 millones de euros (199,19).

De esa manera, nos encontramos con un incremento exponencial del gasto, una caída en picado de la recaudación y un descenso notable del PIB. Todo ello, ha hecho  que la deuda española se haya situado en 2020 en el 120% del PIB,  siendo factible que supere el 125% en 2021.

Urge un ajuste importante que sitúe a nuestra economía en el nivel de gasto que se puede permitir. Nada es gratis y todo se financia con los impuestos que pagan los contribuyentes, pero esos recursos son finitos y los ciudadanos están ya extenuados, en medio de una grave crisis económica, que reduce aún más su poder adquisitivo. Es imprescindible acometer reformas que nos permitan aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía y que éste sea sostenible, no sostenida artificialmente. O se logra hacer eso o el drama será mucho peor cuando se vea que no se puede afrontar tanto gasto, porque entonces el recorte habrá de ser mucho más intenso.